Durante muchos años la Comisión Nacional de Energía Eléctrica funcionó como brazo de los inversionistas del sector sin ejercer su responsabilidad para regular todo lo relativo a la electricidad que en materia de distribución constituye un monopolio natural que requiere, por eso mismo, de controles para evitar abusos en perjuicio del usuario. Creo que esa tendencia empezó a cambiar cuando el gobierno anterior nombró a José Toledo para presidir la CNEE y se consolidó totalmente cuando en su lugar fue nombrado el ingeniero Carlos Colom, un joven profesional que es sobrino del actual Presidente pero que fue nombrado en ese puesto por el gobierno de Berger.
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Hace pocos días la Comisión cumplió con su función, establecida en el artículo cuarto, inciso «c», de la Ley General de Electricidad, y definió las tarifas de transmisión y distribución sujetas a regulación de conformidad con lo que establece esa ley y al fijar el Valor Agregado de Distribución para la Empresa Eléctrica lo hizo de acuerdo a sus propios estudios técnicos que diferían abismalmente de los de la EEGSA. En casos de controversia, la misma ley establece que una Comisión de peritos se pronunciará sobre las discrepancias, pero no compete a una comisión pericial fijar la tarifa porque esa función es exclusiva de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y de acuerdo con la Constitución de la República en su artículo 154, la función pública no es delegable. Si fuera cierto que la CNEE tiene que someterse a lo que diga una comisión pericial, sería ésta la que tendría siempre la facultad de fijar tarifas, salvo cuando la Comisión Nacional acepte ciegamente lo que pide el distribuidor.
Siempre nos quejamos de la corrupción y podredumbre que hay en la gestión pública pero hay casos que pasan desapercibidos. Cuando hace cinco años prácticamente se duplicó el Valor Agregado de Distribución, por supuesto que en el sector eléctrico nadie protestó aunque el incremento de la utilidad era de cientos de millones de dólares. ¿Fue una decisión honesta, transparente y técnicamente sustentada la que en aquel momento duplicó el VAD? Eran los tiempos de Portillo, el año 2003, y curiosamente una decisión de tanta importancia y con tanto pisto en juego nunca fue ni siquiera cuestionada ni debatida. Los usuarios sufrieron el incremento y parte sin novedad.
Yo conozco al ingeniero Carlos Colom de hace muchos años por su amistad con mis hijos y por mi vieja amistad con su padre, quien fue mi compañero de colegio. Sé de sus estudios y formación especializada en el área de la regulación y lo considero uno de los jóvenes técnicos más brillantes del país, pero ahora mi idea de él se transforma porque si simplemente hubiera hecho lo mismo que hicieron hace cinco años y acepta la petición de los distribuidores sin objeción alguna, le hubiera dado a la EEGSA ingresos adicionales del orden de los mil trescientos millones de dólares anuales y seguramente que, igual que entonces, dado el carácter tan técnico del tema, nadie hubiera chistado ni alegado. Y hablando de esos montos y con los procedimientos usuales, Carlos pudo convertirse en multimillonario sin ponerse en evidencia ante nadie. En cambio, al actuar honestamente y cumpliendo con su función reguladora, se metió a un camote de cuyas implicaciones seguiré escribiendo en las próximas entregas.