El sistema de justicia cuenta con una carrera judicial que establece los pasos y procedimientos para que un abogado pueda convertirse en juez; aunque eso implica en la mayoría de los casos mucho esfuerzo y sacrificio, en otros supone la necesidad de soportar presiones, principalmente en comisiones de postulación.

A lo interno del sistema de justicia surge la necesidad de reformar la normativa que regula la fiscalización del trabajo, así como la permanencia, las sanciones y los ascensos de los togados.

El proceso para llegar a ser un administrador de justicia inicia cuando se es estudiante de abogacía, cuando se sueña y se trabaja para llegar a ser investido con la potestad jurisdiccional; pero en el Organismo Judicial (OJ) el ingreso al sistema realmente comienza cuando se lleva a cabo una convocatoria pública, donde pueden participar quienes ostentan un título de profesionales del Derecho.

Tal fue el caso de Walter Villatoro, actual titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal, quien inició su carrera judicial como juez de sentencia en el municipio de Villa Nueva, pero que años atrás, lejos de pensar en procesos judiciales, cavilaba que su futuro se definiría entre la agronomía y las filas militares.

Según relató, cuando se graduó de diversificado en el Liceo La Salle, en el departamento de Chiquimula, viajó a la Ciudad de Guatemala con la intención de ingresar a la Escuela Politécnica o bien, estudiar en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos (Usac). Esto porque en su pueblo los militares “eran vistos como sinónimo de dioses”, por el poder que representaban, y la segunda opción, porque su padre era agricultor, relata Villatoro.

Sin embargo, al llegar a la Capital –en el año 1973–, y al pedirle a uno de sus hermanos que lo inscribiera, éste le dijo: “aquí, en el día se trabaja, y en la noche se estudia”, por lo que lo inscribió en la Escuela de Economía de la Usac, donde podría ser productivo y estudiar a la vez. Sin tener opción, inició sus estudios universitarios y empezó a trabajar en una entidad bancaría. Tiempo después, mientras desarrollaba su carrera profesional, en el banco le  ofrecieron hacerse cargo de otras responsabilidades, devengando un mejor salario, pero en el horario que utilizaba para estudiar.

“Iba invicto dos años en Economía, pero con eso descuidé la “U”. Cuando regresé a la Escuela, casi cuatro años después, me enteré que el plan de estudios había cambiado y me dijeron que tenía que regresar a tomar otra vez los cursos, desde el primer semestre”, cuenta. Según recuerda, sintió una gran decepción y salió del edificio, pero justo enfrente de este, se encontraban las instalaciones de la Facultad de Derecho. Villatoro se acercó y consultó los requisitos para estudiar leyes. Allí le hicieron equivalencias de los cursos ya aprobados, y se inscribió.

EL MUNDO DE LOS TRÁMITES
Villatoro estudió y durante ese tiempo trabajó como procurador en una oficina jurídica. De esta forma, ingresó en los mares de trámites del OJ, la  Corte Suprema de Justicia, el Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad y Finanzas Públicas.

Con el tiempo logró experiencia en todos los ramos del Derecho, pero principalmente en el penal, porque este proceso aún se realizaba de manera escrita y requería un esfuerzo máximo. De la misma forma, Villatoro comenta que las prácticas para graduarse las realizó litigando en el Juzgado Sexto del Ramo Penal.

Ya estaba apasionado por el trabajo en las judicaturas. Sin embargo, por situaciones familiares salió del país, con rumbo a Norteamérica. Mientras estudiaba inglés, esporádicamente trabajaba y continuamente visitaba las cortes penales de Washington. Fue allí donde conoció el sistema penal acusatorio, el que, dice, lo terminó de “enamorar”.

Al regresar, precisamente en Guatemala se discutía el salto del sistema inquisitivo a sistema penal acusatorio. Su tesis de graduación se desarrolló en ese tema. Posteriormente, Villatoro continuó especializándose, estudió una maestría en derechos humanos,  y trabajó para la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos  (Copredeh).

Sin embargo, no dejaba de lado el trabajo de litigio y notariado. En 1996 la Corte Suprema de Justicia lanzó una  convocatoria general para ingresar a la carrera judicial como juez de sentencia,  a la cual acudió. A la primera plática informativa se habrían presentado unas 200 personas; con los filtros, fueron ocho los que lograron un espacio en el OJ, incluyendo él.

EL SISTEMA DE INGRESO
Yuri Búcaro, secretario de la Carrera Judicial, la instancia encargada de los procesos de ingreso al organismo,  explica que las convocatorias son lanzadas para jueces de paz, de primera instancia y jueces de sentencia. Para el efecto hay dos modalidades: una convocatoria interna y otra mixta –externa e interna–.

En la interna participan abogados que son oficiales o secretarios, pero que ya laboran en el OJ; esto se hace así principalmente por la experiencia que tiene el personal dentro del trabajo de la entidad, señala Búcaro. En otras ocasiones se hace una convocatoria mixta, en la que también participan profesionales graduados que no necesariamente son parte de Poder Judicial.

Una vez hecha la convocatoria, los interesados deben llenar los requisitos de tiempo de graduación, experiencia, niveles de educación superior, además de la licenciatura.

Todos estos requisitos se adjuntan a la solicitud que presenta ante el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), integrado por el presidente de la CSJ, un representante del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones y un juez.
   
Es entonces cuando el CCJ da marcha a un proceso que inicia con un examen jurídico en la Escuela de Estudios Judiciales, la cual debe ser superada por 70 puntos, de acuerdo a un temario que se expone en Internet.

Una vez superada esa etapa, el aspirante realiza una prueba psicométrica de aptitudes, de acuerdo a un perfil de ingreso que ha desarrollado el CCJ. La misma no tiene punteo, pero es importante porque permite conocer más al profesional. “Podríamos pensar que una aptitud importante para un aspirante es que tenga un nivel alto de serenidad, tranquilidad, objetividad al momento de tomar decisiones”, expone Búcaro.

Además de eso, la CSJ publica en medios de comunicación la lista de los solicitantes que han superado la prueba jurídica, con el fin de enterar a la población de quién está siendo objeto de un ingreso en la carrera judicial y que se puedan pronunciar respecto de estas personas para conocer sus antecedentes profesionales.

En el caso de los miembros del OJ, para verificar si  han sido sancionados con anterioridad como trabajadores de la entidad, se pide información a la Unidad de Régimen Disciplinario, indica Búcaro. De la misma forma se procede si son trabajadores del Ministerio Público o del Instituto de la Defensa Pública Penal.

“Si fuera una convocatoria mixta, donde personas del exterior participaran, se solicitan informes disciplinarios del Colegio de Abogados y Notarios”, explica el secretario.

Por último, se realiza una entrevista con los miembros del CCJ, con el fin de tener un acercamiento directo y conocer lo que reflejan los resultados de las pruebas. En la misma también se cuenta con la presencia de un psicólogo para que pueda analizar al aspirante.

Según explica, una vez finalizado el proceso, se tabula el punteo y dependiendo del número de plazas disponibles en la Escuela de Estudios Judiciales, para llevar un proceso de capacitación, se hace la selección de los mejores punteos.

En esta última instancia la formación de juzgadores dura seis meses por medio de cursos presenciales y dos meses más se destinan a tutorías.

“Una vez superados los primeros seis meses, los aprendices van a un tribunal, donde un juez seleccionado previamente por su experiencia, trabaja como profesor, explicándole la función que desarrollará”, refiere Búcaro.

Sin embargo, haber atravesado el proceso no es garantía de ingreso, sino que los nombres de quienes aprobaron la secuencia son ingresados a una base de datos, a la espera de que el OJ establezca una plaza.

De acuerdo con Búcaro, el actual sistema de ingreso no deja espacios ni posibilidades para que por medio de influencias los togados puedan acceder “más rápido” al Organismo Judicial. “Cada una de las etapas tiene un punteo que la CCJ traslada a sus autoridades, y esos son los que se presentan y en base a ellos, se toma la decisión de acuerdo a los mejores punteos”, enfatiza.

LAS PRESIONES
César Barrientos, presidente del Ramo Penal de la CSJ, explica que los jueces son electos para ejercer funciones durante cinco años y pueden ser removidos de sus cargos si no superan satisfactoriamente las evaluaciones, que según su criterio, tienen matices que podrían ser subjetivos, lo que implica una fuerte presión sobre la carrera judicial para los buenos profesionales.

Agrega que además, personas, grupos o poderes con visiones diferentes sobre la justicia pueden considerar, en ocasiones para proteger intereses, que los jueces no funcionan, no sirven, no son buenos o que no han juzgado correctamente “cuando han procedido, por ejemplo, en los casos de mayor riesgo, de conformidad con la ley”, lo cual supone otra presión intensa que incide sobre los jueces.

Pese a esto, según Barrientos, en el país se ha incrementado la lucha contra la impunidad, y cuando eso sucede, se pretende incluir a  personas que podrían tener influencia en los procesos de postulación para proteger esos intereses espurios, y que entonces, además de señalamientos, también se produce en su contra intimidaciones o agresiones a la independencia judicial, y un sentimiento de inestabilidad.

“Para equilibrar las cosas, los jueces, como todas las personas y funcionarios públicos, están sujetos a la crítica, pero para que pudiera ponderarse, éstos deberían tener asegurado que tienen estabilidad judicial y que por lo mismo no van a ser movidos de sus puestos solo porque a algunos no les gusten los fallos que dictan”, indica Barrientos y agrega que en este caso se debe recurrir a las resoluciones judiciales, para impugnar y establecer si hay algún error.

Al ser consultado respecto de la presión que sufren los buenos jueces, Barrientos sostiene que los jueces no gozan de estabilidad en el trabajo y que es  entonces cuando se dan una serie de situaciones o discusiones fuera del proceso judicial, que atacan su dignidad o credibilidad. “Entonces se genera una especie de intimidación o como de dolor en la profesión que uno ejerce”, advierte.

“Nosotros respetamos la independencia judicial, es una decisión y una vocación, una regla de la actual Corte Suprema de Justicia”, señala.

Además refiere que en casos en donde existen fuertes señalamientos y donde la CSJ ha decidido actuar, ha habido situaciones que se interpretan mal, “como cuando se ha procedido a buscar la sustitución o cambio de un juez de un lugar cuando se dictan resoluciones de una injusticia notoria, que causan un gran impacto”.

“Entonces, la Corte lo que hacía, es que por convenir al servicio pasaba a estos jueces a otros tribunales o los mandaba de suplencia de jueces mientras se tomaba otra posibilidad para propiciar que no se perdiera la credibilidad en el juzgado y proteger al mismo juez que se ve atacado”, explica.

A esto fue enfático al decir que en Guatemala todo radica en que no se tiene una Constitución o leyes que protejan debidamente a los jueces, “que les den estabilidad y que haya carrera judicial para que ellos tengan posibilidades de mantenerse en el puesto, ascender y ser promovidos, de ejercerlo todo el tiempo que su capacidad, idoneidad, honradez y eficiencia justifiquen, para luego retirarse del Poder Judicial con un reconocimiento social que permita una jubilación digna”.

Por ello concluye en la importancia del proyecto de reforma  a la Ley de la  Carrera Judicial, así como la propuesta de reforma constitucional al sector justicia, esto para suplir las deficiencias, y “para dar un paso sustancial en la estabilidad de la carrera de jueces”.

LAS DEBILIDADES
Cinthya Fernández, analista en temas de justicia en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indicó que el sistema de ingreso y selección de jueces, así como la selección de magistrados y la problemática que conlleva debido a que el Consejo de la Carrera Judicial tiene una conformación que se necesita mejorar, genera conflictos dentro del mismo organismo.

De acuerdo con Fernández, para fortalecer el Poder Judicial tiene que revisarse el proceso de ingreso, para que no solo la CSJ participe en los nombramientos, sino que permita mayor observación y fiscalización ciudadana.

También consideró que el régimen disciplinario del OJ presenta graves deficiencias, ya que el órgano que sanciona está conformado por los mismos jueces y al final “juzgan a sus mismos pares”.

Además hizo alusión a la evaluación de desempeño, donde el tema más importante que observó es que la ley establece que cuando se considere necesario deberán hacerse dichas evaluaciones, “esa amplitud ha hecho que solo se les evalúe una vez durante todo su periodo”. En este sentido dijo que habría que poner especial atención sobre los magistrados de sala, ya que se desconoce si han sido sujetos de apreciaciones.

Por ultimo indicó que en el tema de formación, capacitación, y especialización, consideran que es un complemento importante que debería fortalecerse, ya que no corresponde a las reales necesidades de jueces y magistrados.

“La Escuela de Estudios Judiciales ha evidenciado problemas desde la ejecución desde los planes de formación hasta la capacidad de responder por faltas en su personal y recurso humano, además de económico”. Según Fernández, los elementos mencionados vendrían a reforzar el trabajo del Poder Judicial.