El Ejecutivo reconoció que las cosas no andaban bien con la recaudación fiscal en el primer trimestre del año, pero esta semana se confirmó que la política fiscal camina con rumbo al fracaso, con una obligada revisión a la baja de Q1 mil 275 millones en los ingresos anuales.

Aun con una Ley de Actualización Tributaria hecha a la medida del Gobierno, el cambio de Superintendente de Administración Tributaria por decisión oficial y la programación de los técnicos financieros se registran mayores complicaciones en las finanzas del Estado.

Sin un análisis profundo, el año pasado se aprobó la Ley de Actualización Tributaria promovida por el Ejecutivo con el respaldo del oficialismo y sus aliados en el Congreso, que se había presentado a la población como una solución a los problemas fiscales de Guatemala y como una necesidad para cumplir con las exigencias de una época de inversión social y seguridad.

Sobre la base de las proyecciones del aumento en la recaudación que se esperaba como producto de la nueva Ley se programó el presupuesto para 2013, el más grande de la historia del país, de Q66 mil 985 millones 437 mil 187.

Sin  embargo, el ministro de Finanzas Pavel Centeno reconoció recientemente que aun con la reforma fiscal, se registró una reducción en la recaudación de impuestos de 985 millones de quetzales en el primer trimestre de 2013; aun así insistiría en el reto de alcanzar la meta de recaudación de Q50 mil 375 millones, a pesar de que la Intendencia de Recaudación veía un panorama cada vez más complicado para cumplir con ese objetivo.

Este problema no fue nuevo ni sorprendente, pues en marzo pasado el Ministerio de Finanzas ya había advertido que las cifras de recaudación de febrero no fueron las esperadas. La recaudación del ISR presentó un crecimiento del 21.2% respecto a 2012, pero conforme la meta de presupuesto estaba 4.8% por debajo de lo previsto, “por lo cual es incierto el efecto de la Actualización Tributaria”, señaló el Ministro.

Pero las cosas no han mejorado y las autoridades fijaron un nueva meta de recaudación en Q49 mil 100 millones, es decir, Q1 mil 275 millones menos en ingresos previstos para este año. ¿Cómo pueden fallar las finanzas el Ejecutivo con una Ley a su medida, un Superintendente electo a su preferencia y con el trabajo de los técnicos?

Las diferencias entre la SAT y el  Ministerio Finanzas ya quedaron a un lado luego de que Enrique Muñoz Roldán fue nombrado como nuevo titular de la Superintendencia en sustitución de Miguel Gutiérrez, quien renunció al cargo el pasado 5 de marzo de 2013, luego de una serie de evidentes roces con el ministro Pavel Centeno.

Por otro lado, la programación presupuestaria incluyó a técnicos y expertos del mismo Ejecutivo, que consiguió en el 2012 aprobar un plan de gastos acorde a las necesidades de que había planteado el Presidente con el respaldo de su bancada legislativa; conocían bien sus proyecciones y sus cálculos.

LA LEY

La realidad indica que existen 77 artículos de la reforma fiscal impugnados por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras ante la Corte de Constitucionalidad. Los artículos pertenecientes a la Ley de Actualización Tributaria y Ley Antievasión II que están siendo apelados se verían bloqueados a la hora de la recaudación.

Según Carlos Martínez del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), uno de los principales errores que tiene la Ley de Actualización Tributaria es precisamente en la inconsistencia de redacción entre el 6 y el 7 por ciento de los artículos referentes al Impuesto Sobre la Renta, pero aclara que son errores técnicos.

Martínez dice que los errores técnicos que tiene la Ley la hacen vulnerable, pero que existen otros problemas, como las trasferencias que tiene las empresas en relación con el precio del mercado, que son interpretaciones jurídicas de las que se realizan a la norma que no precisamente son errores.

El analista considera que las inconsistencias son las que han hecho que la Ley sea vulnerable en su aplicación y además indica en lo que respecta a la recaudación fiscal, que está a cargo de la SAT, la cual no cumplirá con la meta estipulado no está relacionada únicamente con los errores técnicos de la ley.

Martínez indica que la reducción en la recaudación se debe a que se aprobó un presupuesto bastante optimista y también con errores técnicos, como por ejemplo el incremento de aranceles, pero no se tomaron en cuenta que los aranceles disminuirían con la primera matricula.

Además considera que el presupuesto es positivo, pero el escenario es contrario y se programa con un crecimiento de 3.5 por ciento, aunque resulta que la economía no responde a ese optimismo y entonces los ingresos tributarios vienen a la baja, “las importaciones no están creciendo como se había programado”.

Ante este panorama es necesario que la SAT realice un barrido para los evasores, para reducir los niveles de evasión del Impuesto de Valor Agregado (IVA) o del Impuesto Sobre la Renta (ISR) especialmente para las personas jurídicas y no tanto para los contribuyentes individuales que están regidos por las mismas empresas, refiere el experto

El analista indica que los niveles de evasión en Guatemala son mayores a la tasa a nivel latinoamericano. “La SAT tiene la obligación para reducir la evasión en estos dos grandes impuestos” dice Martínez.

Agrega que quienes pagarán los errores de la Ley de Actualización Tributaria, son los ciudadanos, porque se tendría que lidiar con mayores niveles de inseguridad, y enfrentar el deterioro del sistema de Salud y Educación; “somos los únicos que estaremos pagando una mayor tasa de tributación”.

Además indica la clase media y trabajadora es quien se está convirtiendo en el sostén fiscal del Estado, colocando a esta clase en condiciones más precarias por el aumento de los impuestos.

CLASE MEDIA PROTEGIDA

Entre tanto. Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) indica que los errores que se han dicho de dicha ley no necesariamente son errores, sino que son cuestiones a las que algunos sectores se han opuesto.

Barrientos dice que lo que la Ley tiene son disposiciones que el sector privado organizado no quiere aceptar y las ha rechazado, y muestra de ello son las impugnaciones interpuestas en la Corte de Constitucionalidad, que únicamente han sido amparadas nada más 8 de 77 impugnaciones, lo que quiere decir que la ley no está mal.

“No necesariamente porque un artículo haya sido impugnado, quiere decir que es erróneo, eso es simplemente porque no le gusta y no quiere aceptar la nueva norma”, señala el analista. De esa forma explica que hay artículos en la ley que tiene errores pero de orden operativo, como por ejemplo en el régimen del ISR para trabajadores asalariados, principalmente en el cálculo anual de dicho impuesto.

Barrientos dice que no es cierto que la clase media será la más afectada pues es una percepción poco sustentada, ya que se realizó una protección a esta clase dentro de la ley, la cual consiste en que en los primeros Q30 mil la tasa se queda en el 5 por ciento.

Es decir que en el 2013 si una persona factura Q43 mil los primeros Q30 mil pagan 5 por ciento la misma tasa de antes, y los Q13 mil restantes pagan el 6 por ciento, siendo esta una protección para la clase media.

Según Barrientos lo que existen son errores operativos de la Ley de Actualización Tributaria, y que no precisamente son los que están afectando la baja recaudación.

Señala que hay factores que están afectando la recaudación y ante todo destaca que la región centroamericana está siendo víctima de un choque externo, que está desacelerando el comercio exterior, reflejándose en una merma de las importaciones, ya que la tercera parte de los ingresos tributarios dependen de las importaciones.

A su criterio, este no es un error de la SAT o del Ministerio de Finanzas sino del Banco de Guatemala, que ha estimado un crecimiento de las importaciones entre 7 a 14 por ciento en este año, pero la realidad es que solo crecerán en un 2 por ciento señala.

El segundo factor sería un problema institucional dentro del SAT, teniendo problemas en el ramo aduanero, lo cual recae en el nuevo Superintendente quien decidirá si se puede o no enmendar la situación.

Y el tercer factor fue una decisión del Ejecutivo sobre la Ley de Aduana, la cual desde el año pasado se ha implementado una amnistía exonerando las multas aduaneras, y si las aduanas no tienen el poder de sanción eso también está afectando la recaudación, señala Barrientos.