El plan del Gobierno de Guatemala de sustituir la generación de energía a partir de derivados del petróleo por la de origen hidráulico hacia 2022 ha recibido el beneplácito de algunos sectores pero el empresariado la considera una intromisión del Estado en el mercado.
El presidente ílvaro Colom anunció la puesta en marcha de un plan alternativo a la energía fósil en el mediano plazo, para lo que necesita una inversión de 1.835 millones de dólares.
El proyecto busca reducir del 46% actual al 0,62% la generación de energía producida con derivados del petróleo para 2022, para lo que pretende construir una veintena de hidroeléctricas en el país, además de las tres empresas que generan electricidad de plantas de carbón y geotérmicas.
La nueva política energética contempla que para 2022 el 58,01% de la energía sea producida por hidroeléctricas, 37,17% por carbón, 4,20% por geotermia y sólo 0,62% a partir del petróleo.
Para el cardenal Rodolfo Quezada, la construcción de hidroeléctrica es positiva ya que permitiría aprovechar los recursos pluviales del país, pero afirma que antes hay que hacer estudios ambientales para evitar daños a las comunidades cercanas donde se instalarán los embalses.
Esa apreciación también es compartida por organizaciones ambientales, quienes estiman fundamental una buena campaña de divulgación sobre los proyectos, los cuales tienen que ir acompañados de estudios de impacto a los recursos naturales.
No obstante, el empresario y miembro de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, Luis García Pinot, considera como positiva la diversificación de la matriz energética, pero estima que el Estado no debe entrometerse en el marcado.
«No es tan sencillo como parece. El Estado no puede solo decir que se va a invertir en una energía u otra; eso depende del mercado, del inversionista que se fija en el país, detecta una oportunidad y se fía de reglas claras para que su capital sea productivo», indicó García.
«De nada sirve tener energía más barata, generada por fuentes renovables, si no hay cómo transportarla. Nuevamente esto no es una tarea del Estado, sino del inversionista y de las oportunidades que detecta en este campo», puntualizó.
El mandatario espera que el sector privado pueda invertir los 1.835 millones de dólares para generar más de 920 megawatios, lo cual «permitirá en el mediano plazo modificar la matriz energética del país y su actual dependencia del petróleo», agregó.
Colom comentó que el objetivo del Gobierno es iniciar este año la construcción de plantas generadoras de electricidad a base de carbón, geotermia e hidroeléctricas, para producir los 11.963 gigawatts necesarios para satisfacer la demanda local.