En el madrugón del Miércoles Santo, cuando aprovechando que los guatemaltecos salían de vacaciones, para anunciar el negocio que entrega en arrendamiento una gran extensión de tierra de Puerto Quetzal a una firma española para que construya su propia terminal de contenedores, lo que legalmente es una concesión de los servicios portuarios, a la diestra del presidente Otto Pérez Molina estaba el embajador de España en Guatemala, Manuel María Lejarreta Lobo, lo que significa que oficialmente su país y su gobierno están dando el aval a las negociaciones realizadas con plena nocturnidad, ventaja y alevosía para obtener sin el cumplimiento de los trámites legales un negocio que ha sido hartamente cuestionado por distintos sectores en nuestro país.

Y en él pensé esta mañana cuando leí en El País que la infanta Cristina, la hija menor del Rey de España,  ha sido imputada por el escándalo de corrupción que primero alcanzó a su marido, Iñaki Urdangarin, en el Caso Nóos, hecho al que se le pueden dar varias lecturas, puesto que por un lado se suma a la larga lista de casos que se vienen ventilando en ese país relacionados todos con actos de profunda corrupción que empañan no sólo a la clase política, al margen de las filiaciones partidistas, sino también a quienes se convierten en sus socios desde la empresa privada para realizar el mismo tipo de malos manejos que son el pan nuestro de cada día en Guatemala.
 
 La otra lectura, sin embargo, marca una diferencia fundamental, puesto que si bien en España, como en prácticamente todo el mundo, se hace micos y pericos con los fondos públicos y el tráfico de influencias para beneficio personal, es indudable que allá hay un alto sentido de la institucionalidad y no es únicamente la prensa la que denuncia y actúa, sino que lo hacen los fiscales y los tribunales de justicia que no se andan con miramientos para actuar en busca de la aplicación de la ley penal a los que abusando de su posición toman decisiones corruptas para enriquecerse personalmente.
 
 Y pensé en las veces que he escuchado a embajadores españoles, incluyendo al actual, hablando de la necesidad de estrechar la cooperación con nuestro país para promover la justicia y acabar con la impunidad. En vez de apañar el negocio de la portuaria, mucho más importante hubiera sido una ayuda de la cooperación española para asesorar a nuestros jueces y fiscales sobre cómo es eso de que allá no hay intocables y que hasta los miembros de la Familia Real, la más importante de España, están expuestos a responder en los tribunales. Por supuesto que no han sido condenados y que tienen el derecho a la presunción de inocencia, pero no deja de ser un ejemplo para muchos países donde los políticos del momento se sienten más poderosos que un rey, el ver que el brazo de la justicia no se detiene ante el linaje que antaño fue causa de inmunidad convertida en impunidad.
 
 Soy un asiduo lector de El País, diario que ha jugado un papel fundamental en destapar los negocios de los políticos y que lo mismo le tira a los del Partido Socialista Obrero Español que a los del actual partido gobernante, el Popular. No me trago, por tanto, la idea de que desde la cómoda poltrona de una misión diplomática se pueda avalar o bendecir un negocio con las características del que hicieron las autoridades de la portuaria con una empresa española. El embajador Lejarreta sabe perfectamente que en Guatemala sufrimos por la indiferencia de un pueblo que ve la corrupción como parte del paisaje, pero algún día en su misma patria algo se habrá de decir de este negocio y de su papel de testigo de honor del ilícito despojo.