Desde el primer momento en que el presidente de Guatemala, General Otto Pérez Molina, anunció su intención de someter a debate público la despenalización de las drogas, nosotros expresamos que tal pronunciamiento no era sino una maniobra para distraer la atención de los diferentes sectores del pueblo, mientras sus diputados afines en el Congreso aprobaban el aumento de impuestos.
Algunos guatemaltecos calificaron esa movida como “el cortinón Pérez”.
Hay que reconocer que la maniobra le resultó tan buena al Presidente, que mejoró su imagen ante muchos ingenuos. Luego de asestar la puñalada por la espalda a las capas medias y a los sectores populares con el incremento de la carga tributaria, ha continuado con el jueguito de la despenalización, sabiendo de antemano que se trata de una iniciativa destinada al fracaso, pues el gobierno de Estados Unidos categóricamente ha manifestado su total rechazo.
Tenemos que poner los pies sobre la tierra, admitiendo que desde 1954 cuando se produjo el derrocamiento del régimen nacionalista del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán, los gobernantes estadounidenses creen que Guatemala es su patio trasero al extremo que la ven como una de sus colonias.
Y mientras el presidente Pérez Molina continúa distrayendo al pueblo con el tema de la despenalización, diversas organizaciones comienzan a despertar de su letargo, rechazando la tan cacareada reforma fiscal.
Una de esas agrupaciones es el Partido Alternativa Nueva Nación, ANN, que emitió un comunicado puntualizando que la llamada readecuación fiscal fue diseñada para no afectar a los grupos económicos más poderosos, pero en cambio perjudica considerablemente a las capas medias de la población que siempre han pagado impuestos.
El documento añade que, las principales medidas que lastiman a los grupos medios y a la población de bajos recursos, son el aumento del 40 por ciento del Impuesto Sobre la Renta, (ISR), para personas que prestan servicios profesionales o cobran honorarios por medio de facturas, y el incremento desproporcionado del Impuesto de Circulación de Vehículos, el cual castiga a cientos de miles de personas, muchas de escasos recursos que utilizan sus vehículos para trabajar.
En general, las medidas fiscales favorecen a los distribuidores de carros nuevos al prohibir el ingreso al país de vehículos de más de 10 años de antigüedad, además de beneficiar a los sectores empresariales con una reducción del Impuesto Sobre la Renta.
Es obvio que no se afecta a los grupos de la clase dominante, pues fueron los que financiaron la candidatura del ahora presidente Otto Pérez Molina. Se trata sin duda, de un gobierno de la oligarquía para beneficio de la oligarquía.