En su sesión de ayer, el pleno del Congreso de la República aprobó el respectivo Decreto que introduce reformas a la ley de clases pasivas mediante las que se hace realidad un aumento de aproximadamente 139 quetzales mensuales en las pensiones de los jubilados del Estado.
La decisión de los miembros de las diferentes bancadas del Organismo Legislativo, constituye un acto de justicia y de solidaridad para uno de los sectores sociales que durante el régimen de los empresarios que encabezó el finquero í“scar Berger fue totalmente marginado, mientras el gobernante se aumentaba su propio sueldo a 144 mil quetzales mensuales, así como el del Vicepresidente a 130 mil.
El incremento para las jubilaciones entrará en vigencia el próximo 1 de julio, con el cual alrededor de 70 mil personas tendrán un poco de alivio ante la fuerte embestida del proceso inflacionario que actualmente agobia al pueblo de Guatemala como consecuencia de varios factores, entre ellos la crisis internacional derivada de las constantes alzas al precio del petróleo y la especulación local ejercida por muchos comerciantes inescrupulosos que están aprovechando este momento de turbulencia económica para vender más caros los productos de existencias anteriores, muchos de los cuales no tienen la justa medida o el peso exacto.
Aunque la aprobación de la modesta mejora a las pensiones de los jubilados del Estado, es el producto del consenso de todos los grupos políticos representados en el Congreso pues es lógico que un solo leño no arde, es justo reconocer que la iniciativa original fue promovida desde hace algún tiempo por el diputado Manuel Baldizón del hoy partido gobernante, la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, quien con anterioridad impulsó la ley para los ancianos sin cobertura social.
Para ninguno es un secreto que actualmente los precios de los artículos de la canasta básica se han disparado de manera impresionante, afectando en forma significativa a los sectores más vulnerables de la sociedad como las personas de la tercera edad, que diariamente ven con nostalgia cómo sus precarias pensiones se les derriten en las manos como si fueran terrones de azúcar.
El aumento a los pensionados del Estado es un gesto encomiable que merece el aplauso de los diferentes sectores de la población, pues configura un paso concreto para comenzar a hacer efectiva la protección de los derechos humanos de la tercera generación, entre los que sobresalen los derechos de las personas que han entrado a la etapa de la vejez y que por razones de su edad ya no encuentran empleo y que además sufren los efectos del paso del tiempo con el advenimiento de enfermedades y la debilidad de su organismo.