La semana anterior se vivió una pugna entre varios sectores: campesino, legisladores, Ejecutivo y empresarial agrícola. Esto desencadenó la no aprobación de la iniciativa de ley de desarrollo rural, y se cerró de esta manera el ciclo ordinario en el Congreso de la República. En nuestro país el 54% de la población vive en el área rural; por lo mismo son de mucha relevancia, para el país, las acciones que se dirijan a este sector, cuya población es muy vulnerable.

La situación en el campo es precaria.   Esto se confirma con los indicadores, pues la población rural guatemalteca ocupa el penoso primer lugar de desnutrición a nivel latinoamericano y el cuarto a nivel mundial –únicamente comparable con países africanos–.   Lo anterior pone al descubierto las condiciones de vida de los campesinos,  y  justifica la necesidad de hacer cambios profundos e inmediatos en la estructura agraria del país.

Para hablar de desarrollo rural se debe saber que la finalidad de este proceso es mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural, incrementar los niveles de renta, mejorar las condiciones de trabajo y  conservar el medio ambiente, entre otros objetivos implícitos en los anteriores.   Entonces, cualquier iniciativa debería contemplar todos estos aspectos que faciliten la obtención de resultados contundentes, que cambien la realidad de los campesinos.

La inconformidad del sector empresarial agrícola surgió con el contenido del artículo diez de la iniciativa, específicamente con el punto que se refiere al uso y tenencia de la tierra.    No debe olvidarse que, según el último censo, se estimó que el 90% de las fincas poseen el 20% de la superficie y el restante 10% de fincas poseen el 80% de la superficie, lo cual evidencia la alta concentración de la tierra.   Coincido con que el contenido del mismo no constituye una reforma agraria, pero pretende, aunque tímidamente, pasar de un sistema monocultivista-agroexportador (predominante en nuestra economía) a una economía campesina endógena, misma que permita dinamizar los mercados locales y asegure el abastecimiento de alimentos a las familias campesinas.

Muchos pensarán que estos pensamientos pertenecen a intenciones fallidas impulsadas en el siglo anterior, o también podría afirmarse que Guatemala debe forjar su propio desarrollo, sin seguir las políticas que aplicaron países avanzados en el pasado –como lo fueron sus respectivas reformas agrarias–.   Sin embargo, no debe olvidarse que muchas veces queremos hacer lo que llevan a cabo países desarrollados, y nunca pensamos que deberíamos hacer lo que hicieron esos países  cuando eran subdesarrollados –desarrollaron el área rural–.   Es importante señalar, que en la actualidad, debe implementarse adecuadamente la tecnología en cualquier intento de cambio o transformación. 

Por supuesto, esta ley no es una “varita mágica” para la solución de la mayoría de nuestros problemas, en vista de que podría convertirse en foco de corrupción, al igual que muchas otras funciones que se delegan al Gobierno. Pero su aprobación y correcta implementación, podría constituirse en el punto de partida que  eleve los niveles de vida de la población campesina.   Coincido con muchos, a la vez, en que estas acciones serán en vano, si las tasas de natalidad no disminuyen en el campo, lo cual está estrechamente relacionado con los niveles de educación de los campesinos.   

Concluyo en que la solución no es el simple hecho de otorgar tierras, sino que debe acompañarse con una profunda reforma al sistema educativo, dirigido y debidamente contextualizado, a este sector de la población. De no lograrse lo anterior, los bajos niveles de educación que posee la población campesina, obstaculizarán la capacidad de asociación y de encadenamiento de procesos, mismos que conduzcan a una satisfactoria inserción en un mercado cada vez más competitivo y exigente.