Por un lado, la oposición utiliza las interpelaciones para entrampar la agenda legislativa, mientras que del lado contrario, el oficialismo aprovecha las sesiones permanentes y los acuerdos con las bancadas “bisagras” para impulsar sin frenos sus proyectos; analistas y diputados opinan sobre el desgaste que esta situación genera en el Congreso y explican que de cualquier manera, el principal perjudicado es el pueblo guatemalteco.

En el pasado, cuando un diputado solicitaba la interpelación de un ministro de Estado, el Presidente del Congreso no tenía un límite de tiempo para fijar la fecha de actividad y podía ponerla en agenda cuando lo considerara conveniente.

Eso cambió en 1985, cuando los diputados que redactaron la Constitución consideraron la interpelación como un derecho y establecieron en el artículo 166 que “ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna, podrá limitar a los diputados del Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas”.

Por eso ahora la interpelación es, por excelencia, el recurso al que acude un diputado para ejercer su derecho de fiscalización, pero al parecer también es la principal estrategia que tiene el bloque de oposición para hacer contrapeso a la bancada de gobierno y asegurar que la agenda legislativa no camine a favor del oficialismo.

En la actualidad un solo diputado puede pedir una interpelación y una vez solicitada se le debe dar trámite en la siguiente sesión; es un derecho respetado y temido en el Congreso, que está muy presente en las estrategias de los principales bloques legislativos.

Después de 27 años de la Constituyente, el derecho a interpelar es el mejor juguete que los diputados usan para establecer las reglas del juego en que defienden sus intereses políticos y económicos de forma particular.

INTERPELAR PARA ENTRAMPAR
La agenda de la legislativa del año  pasado se entrampó por la interpelación del ministro de Finanzas, Pavel Centeno, debido a que la bancada opositora Libertad Democrática Renovada (Lider), ante falta de una mayoría para oponerse a las leyes que presentó la representación oficial, mantuvo los cuestionamientos hacia el funcionario para mantener así el control en el Organismo Legislativo.

En este año el último juicio político que conoce el Congreso es por el que está pasando el ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzín, aunque fue detenido por una cuestionada resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que, sin precedentes, permitió cambiar la agenda legislativa y así detener la interpelación para dar paso a la elección de presidentes de comisión.

El camino que dirigió hasta el juicio político de Batzín fue largo; las solicitudes llegaron al pleno en junio de 2012 por la bancada Lider que, además, también pidió la presencia en el pleno de la ministra de Educación, Cynthia del Águila y otros funcionarios del Ejecutivo.

Por su parte, la bancada oficial del Partido Patriota (PP) utilizó el año pasado una estrategia parlamentaria muy particular para desentrampar la agenda del Congreso y así prolongar el periodo de las cinco sesiones que establece la ley para que pueda dar inicio el juicio político, burlando de esa forma la estrategia de Lider.

El primer paso consistió en evitar el quórum para las sesiones convocadas, mientras que el segundo paso, y el que tuvo mayor éxito para el PP, fue establecer una sesión permanente desde agosto hasta noviembre con la que no se detuvo su agenda de leyes.

En esos tres meses el Partido Patriota realizó una alianza con las bancadas Gran Alianza Nacional, Partido Unionista, el bloque independiente País, Visión con Valores, Todos y Unión del Cambio Nacional.  “Aprobaron como aplanadora todas las leyes que quisieron”, dijo, en esa ocasión, Roberto Villate, jefe de bancada de Lider.

En noviembre pasado se inició de nuevo una sesión permanente que duró hasta diciembre y fue ahí cuando empezaron los intentos de interpelación que se consolidaron el 22 de enero y hasta que la CC dio una resolución que permitiría interrumpir el juicio político a Batzín. El arte de desentrampar la agenda, utilizando mecanismos legales, también es considerado una acción cuestionable que aplica el oficialismo.

Pero en medio de esta batalla legislativa la CC también tiene su cuota de participación; el año pasado, durante la interpelación a Centeno, este Ministro presentó su carta de renuncia, la cual el presidente Otto Pérez Molina no aceptó, con lo que se generó una serie de dudas sobre los procedimientos que debían regir en la agenda del Congreso y la situación del interrogatorio al funcionario.

Por una parte, Lider pidió un amparo a la CC para que la interpelación -suspendida por la fallida renuncia- continuara en la fase de preguntas, pero el proceso se reinició en la etapa del debate y de manera inmediata la bancada opositora terminó el juicio político.

Esta vez, con Batzín, la CC resolvió permitir a los Congresistas  interrumpir el juicio político para que se elijan las presidencias de las comisiones de Trabajo del Congreso, según el amparo que interpuso el diputado de la Gana, Manuel de Jesús Barquín, ¿sucederá lo mismo como en la interpelación de Centeno? ¿Es la CC un aliado más de estas bancadas? Recordemos que la interpelación es un derecho constitucional privilegiado.

ÉTICA POR LOS SUELOS
El exdiputado Aníbal García, afirma que este tipo de estrategias políticas se dan por tres razones. La primera, a su criterio, es porque no hay políticos pragmáticos e ideológicos, lo que lleva a que no haya discusión de alto nivel entre las bancadas.

El segundo punto lo atribuye a la ética “por los suelos” de clase política, donde sólo se está buscando los beneficios de un determinado grupo y el tercer punto, y quizá el principal, son las negociaciones que se dan a causa de las interpelaciones.

Esto negocios, según explica García, son para realizar “contratos debajo de la mesa con el gobierno en gestión, chantajes o para obtener obras y otros beneficios” y comenta que hoy en día las interpelaciones son un “show”.

García advierte que los diputados de Lider no son los primeros en utilizar esta estrategia y advierte que esta práctica se realiza desde el tiempo del gobierno de Óscar Berger con la Gran Alianza Nacional (Gana), cuando la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) era la oposición, pero se intensificó más en la legislatura pasada, cuando el PP y Lider eran las bancadas opositoras de la UNE.

Mario Taracena, diputado de la UNE, asegura que la ahora vicepresidenta, Roxana Baldetti, abusó de dicho derecho constitucional cuando era legisladora porque tenía un interés político, mientras que Lider, dirigido por Manuel Baldizón, ahora tiene intereses en torno a negocios y obras.

Aunque en un momento fue parte del grupo interpelante y luego del interpelado, Taracena coincide con García al criticar que las interpelaciones se han usado para presionar y obtener beneficios económicos y asegura que es lamentable el desgaste que ha sufrido el derecho a interpelar, ya que ahora, según el diputado uneísta, se hace preguntas “de un nivel infantil”.

El diputado de la bancada Todos y expresidente del Congreso, Roberto Alejos, explicó que antes se realizaban interpelaciones con las que se atacaba fuertemente a los ministros e indica que la UNE -de la que fue integrante hasta que ganó las últimas elecciones- fue una de las que empezó con este juego, aunque no de manera tan exagerada como ocurrió en la legislatura pasada, con el PP como oposición, y la actual, con Lider en contra.

Alejos añadió que se trata de un  juego de intereses, donde la bancada opositora deja muy claro que se opone a todo lo que establezca el bloque legislativo de gobierno. Lo que en la actualidad Lider le hace al PP, la UNE se lo hizo a la Gana y luego el PP a la UNE y así puede continuar lo que se ha convertido en un círculo vicioso, destaca.

La diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, dijo que es lamentable que por el abuso de utilización de las interpelaciones se haya perdido el verdadero objetivo que tienen éstas. “Es una cadena de infantilismos absurdos; ahora el Congreso parece una escuela donde ambos se hacen bullying”, dijo.
 
El director del Departamento de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, Renzo Rosal, afirma que el abuso del derecho de interpelar por parte de las bancadas opositoras repercute en la actividad del Organismo Ejecutivo, ya que el Ministro, junto a su equipo de asesores, pasan sentados por meses en el pleno del Congreso, lo cual le resta capacidad de maniobra en el manejo de la cartera.

Rosal añade que el fenómeno de interpelar por meses es también una estrategia que la bancada opositora usa para un posicionamiento mediático.

¿CÓMO SALIR DE LA INTERPELACIÓN?
Alejos explica que en la legislatura pasada, cuando era presidente del Congreso, utilizó una estrategia mediática para obtener la ayuda del pueblo en el avance de la agenda parlamentaria, impulsando la Ley de Acceso a la Información.

Para que se terminen de manera inmediata las interpelaciones, las sesiones del pleno tienen que empezar muy puntual y “aguantar” todo el tiempo que sea necesario para que la bancada que está interpelando no busque excusas, explica el diputado.

Montenegro asegura que interpelar para bloquear la agenda legislativa sólo se podría solucionar con una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, en la cual se establezca que las interpelaciones sean durante el periodo extraordinario del Legislativo y de esta manera no se pueda entrampar la agenda de la temporada ordinaria.

Rosal coincide en este punto con Montenegro, ya que según el analista político, no se estaría promoviendo una inconstitucionalidad, pues no se está restringiendo el derecho a pedir una interpelación, sino que sólo se establecerá un determinado tiempo para hacerla, debido a que ahora se utiliza como paralizador de la agenda y buscar otros intereses.

Rosal explica que una de la soluciones más efectivas es que se reforme a raíz ese sistema de partidos políticos en Guatemala, porque esto daría como resultado la generación de un debate de calidad entre las bancadas y que los diputados se guiarían  por intereses de grupo y no individuales, con los cuales no se busquen beneficios económicos, sino de Estado.