Si el encargado de la educación pública de Guatemala adopta la actitud de pasarse las resoluciones judiciales por el arco del triunfo y manda a la punta de un cuerno lo resuelto por la misma Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia porque para él tiene más valor lo que diga la esposa del Presidente de la República, no sólo se está violentando la ley y el ordenamiento jurídico nacional, sino que el ejemplo para nuestra juventud, nuestra niñez y para la población en general es francamente fatal.
Porque está suficientemente claro que hay una orden de las más altas instancias de la administración de justicia para dar a la diputada Nineth Montenegro los datos de Mi Familia Progresa en cumplimiento de elementales normas de acceso a información y de transparencia. Pero ya el sábado habíamos adelantado que el Ministro iba a mandar a la diputada las 13 mil hojas que contiene el enredado documento identificado como usuarios del programa al 31 de diciembre del año pasado, sabiendo que no sirve para un comino a la hora de querer utilizarlo para fiscalizar y esclarecer el uso de los fondos públicos.
Dicho y hecho, puesto que ayer le mandaron la impresión del documento que está colgado en Internet y cuya inutilidad para efectos de fiscalización práctica viene denunciando La Hora. Con todo y que técnicos contratados por La Hora pudieron penetrar en el archivo superprotegido, la información existente es confusa y no permite establecer el uso de los fondos públicos.
Y ahora le dieron a la diputada Montenegro lo que nosotros llamamos la semana pasada puritito atol con el dedo porque se podría pasar el año y pico que le queda al gobierno de Colom tratando de desentrañar la información contenida en ese listado impreso y no lograría absolutamente nada.
Si somos conservadores y suponemos que por margen de error o por corrupción se pierde el diez por ciento del dinero del programa, cifra que para los estándares de la administración pública es en verdad muy conservadora, no es descabellado pensar ni exagerado decir que por lo menos se están clavando 98 millones de quetzales. Y damos el beneficio de la duda de que parte de ese dinero que se esfuma, como el del Congreso, pueda perderse por errores administrativos o por largueza de algunos empleados menores, no digamos si existe la intención de empezar a hacer «ahorros» para financiar una eventual campaña política.
El ministro se pasó por el arco del triunfo la resolución judicial, pero él y sus superiores terminarán entendiendo la gravedad de su soberbia actitud.