Es evidente que el tema de la lucha contra la impunidad ha servido para demostrar cuán grandes pueden ser las vacilaciones sobre el particular por los compromisos que existen con oscuros sectores que mueven demasiado poder. Pero ahora que Naciones Unidas designó al abogado español Carlos Castresana Fernández y que éste se encuentra de visita en el país, es indispensable que se produzca un apoyo absoluto y sin vacilaciones de parte de quienes tendrán la responsabilidad de dirigir los destinos del país en el futuro inmediato y de quienes por fuerza de los votos tendrán que desempeñar el papel de dar cuerpo y liderar a una oposición constructiva, como nunca hemos tenido en la vida del país.
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Estoy convencido que el carácter de Estado fallido que presenta la estructura nuestra, con instituciones que no funcionan ni siquiera para cumplir con sus fines esenciales marcados por la Constitución de la República, tiene su punto de partida en el tema de la impunidad y en la forma en que los poderes ocultos que manejan el crimen organizado han ido copando todas esas instituciones. He dicho varias veces, pero ahora que el señor Castresana está aquí hay que repetirlo, que el régimen de impunidad en el país empezó como una política institucional durante el conflicto armado interno porque el Estado buscaba proteger a sus agentes que libraban la guerra en defensa del sistema y como esa guerra llegó a tener características realmente sucias, fue mayor la necesidad de cimentar los pilares de la impunidad.
De esa cuenta es que todo el sistema de justicia está basado en una estructura para alentar y asegurar la impunidad. Terminado el conflicto, nadie se ocupó de desmantelar esa estructura y los que en nombre del Estado incurrieron en crímenes, siguieron haciendo lo que aprendieron a hacer, es decir, cometiendo crímenes de distinto tipo pero ya no para defender a nadie, ni al sistema ni a los empresarios, sino que por la libre y para su propio beneficio. Los más sangrientos esbirros de aquella época dirigen ahora los grupos de crimen organizado que utilizan el poder que tenían en las Aduanas, en Migración, en el Ministerio Público, en la Policía y en los Tribunales, para delinquir con total impunidad y contribuir con los narcotraficantes para que puedan realizar su trasiego de narcóticos por los corredores ya conocidos en el país y que están debidamente asegurados aun por aparatos de seguridad del Estado.
Es un poder enorme porque es, en el fondo «el poder» existente en Guatemala que rebasa con creces la capacidad de los grandes empresarios y que se beneficia de su propia clandestinidad que les da mayor margen de maniobra. No es exagerado decir que todo el país está de rodillas, incluyendo a quienes creen que todo lo controlan y dominan, porque en el fondo el gran poder está oculto en la trama del crimen organizado que, efectivamente, todo lo controla sin tener que rendir cuentas a nadie.
Por todo ello es que no se pueden dar vacilaciones ahora que la comunidad internacional viene a darnos una mano para intentar que las instituciones penetradas por el crimen organizado puedan librarse de ese control y actúen en función del imperio de la legalidad. Luchar contra esas formas de crimen es imperativo y los políticos tienen que ir más allá del discurso, mostrando desde ya su vocación de aprobar las reformas que hagan falta para facilitar el trabajo de la CICIG y garantizar su eficiencia.