El Estado de Guatemala, integrado por su territorio, su población y sus autoridades, se ha caracterizado siempre por salir adelante a pesar de los contratiempos materiales y humanos que históricamente ha enfrentado.
Presiones sociales, algunos empresarios conscientes y otros resistentes a retribuir algo de lo que Guatemala les ha brindado, políticos con y sin visión de país, ciudadanos y grupos apáticos y hasta el crimen común y organizado fueron elementos de lo positivo y negativo que cargó el país.
Desafortunadamente, la huella más evidente quedó en el bolsillo de los guatemaltecos debido a la crisis económica mundial, que dejó desempleo, devaluación de la moneda, acortamiento del poder adquisitivo, baja recaudación y crecimiento de la deuda interna y externa.
Otros aspectos fueron los estados de prevención por resentimientos sociales, empezando en Huehuetenango y que termina 2009 e inicia 2010 con la limitación de los derechos civiles en San Marcos.
Linchamientos que repuntaron, llegando a 109 los casos reportados, 26 efectivos y 41 muertos con 212 víctimas, es un saldo social negativo.
La restricción a los motoristas, que nunca tuvo una respuesta del Gobierno sobre los resultados y sí solo el argumento inicial que por muerte de pilotos a manos del sicariato, se limitaban derechos a miles de personas honradas que viven y trabajan con ese medio de transporte.
La muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, que ha llegado a una etapa de avances, con el señalamiento de la supuesta participación de dos empresarios de la fabricación de medicamentos, su costo humano tuvo paralelismo con la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación.
El logro fue haberse integrado una Corte Suprema de Justicia más democrática, gracias a las presiones sociales y políticas, así como la campaña mediática que intentó mejorar el aspecto de la justicia, que no calló a pesar de los riesgos y molestias que pusieron la vida en riesgo.
La ley de trata de personas también limitó las actividades de las redes de tráfico de humanos, órganos, prostitución, femicidios, millones de dólares en extorsiones a cambio de inmigrantes que ejecutó el crimen organizado, inclusive desde las fronteras Guatemala-México o México-Estados Unidos.
El golpe de Estado militar al gobierno de Manuel Zelaya en Honduras el 28 de junio, trajo consecuencias sociales y económicas negativas para toda el área centroamericana; en Guatemala la mayoría del empresariado respaldó la salida de Zelaya; el gobierno de Colom rechazó la medida.
Mientras tanto, en el aspecto económico hubo millonarias pérdidas debido a que el país depende del mercado regional y la frontera y territorio hondureño es paso obligado para vender los productos del campo y de la agroindustria.