María del Carmen Aguilar sintió el regreso de la angustia a medida que se acercaba el jueves cuando cumple un año sin noticias de su hermana María Esther, una de los cuatro periodistas desaparecidos en una región azotada por el narcotráfico de México, el país americano más peligroso para la prensa.
Estuvo meses callada para proteger a sus dos pequeñas sobrinas, que vivían con ella, pero ahora María del Carmen las ha confiado a su padre y quiere volver a llamar la atención sobre el caso de su hermana menor.
Porque si autoridades de México, donde más de 30 periodistas han sido asesinados o desaparecidos desde el inicio de la lucha militar antidrogas en 2006, han hecho algún avance en la investigación, nunca la llamaron para informarle.
«He pensado en volver a hablar con los medios o hacer una marcha. También me gustaría que se expongan los cuadros que pintaba mi hermana, algunos son de paisajes y otros de «nota roja» (hechos violentos). Pero la verdad es que no tengo nada claro», admite con tristeza a la AFP.
María Esther Aguilar desapareció hace un año en Zamora (Michoacán) al salir una mañana a una cobertura.
Tenía 32 años y era corresponsal del diario regional Cambio de Michoacán especializada en asuntos policiales y de narcotráfico, en una región que se considera un feudo del sanguinario cártel «La Familia».
Al temor al crimen organizado mexicano, al que el gobierno culpa de más de 28.000 asesinatos desde 2006, se une en Michoacán la desconfianza hacia las autoridades locales.
María del Carmen cree que la procuraduría estatal «ha investigado y sabe algo» del paradero de su hermana, si bien no hay un sólo detenido por el caso.
Familiares de otros reporteros desaparecidos en Michoacán viven una similar falta de atención tanto de la procuraduría como de la fiscalía federal especializada en delitos contra periodistas.
La familia del editor y periodista José Antonio Apac, desaparecido en 2006 también en Michoacán, sigue intentando que se destine un equipo de buceo para buscar su cuerpo en una presa cercana al último lugar donde se le vio.
«Una persona de la fiscalía federal nos dijo que era más fácil que obtuviéramos nosotros el buzo», rememoró a la AFP Rosa Caballero, esposa de Apac, cuyo caso se archivó hace tres años.
La propia procuraduría de Michoacán, que ha reconocido que al menos 550 de sus ciudadanos desaparecieron entre junio de 2009 y agosto de este año, reporta desatenciones en las investigaciones.
Sus expertos no han examinado los casquillos encontrados en el lugar del asesinato de Gerardo García en diciembre de 2007 ni se ha «verificado» si este periodista «usaba celular», según un reporte de julio sobre las investigaciones de los cuatro reporteros ultimados y los cuatro desaparecidos en Michoacán desde 2006, ninguna de ellas resuelta.
Los agresores no son detenidos en más de un 90% de los asesinatos de periodistas en México, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami.
Y como los desaparecidos no han sido declarados oficialmente fallecidos, sus familiares no reciben pensión ni otra ayuda pública. Las dos hijas de María Esther tampoco tienen apoyo del diario Cambio de Michoacán, que pagaba 80 pesos (6,4 dólares) a su madre por pieza publicada.
«Para garantizar que los periodistas trabajen en zonas tan calientes como Michoacán, el gobierno debe darles protección. Y si no puede ser con seguridad, al menos que lo haga con apoyo económico», reclama Juan Ignacio Salazar, jefe de corresponsales de Cambio.
Los familiares de reporteros desaparecidos no están organizados pero María del Carmen se muestra dispuesta a un primer encuentro. Cree que quizás juntos logren que sus tragedias no se archiven en el olvido.