Aun cuando el deterioro del ambiente es una de las preocupaciones latentes a nivel global, en su mayorí­a, los partidos polí­ticos guatemaltecos no han presentado una agenda que incluya polí­ticas públicas para la conservación y cuidado del ambiente. Analistas y activistas, consultados por Visión Electoral exigieron una respuesta de los organismos del Estado y de los partidos polí­ticos ante el deterioro de los recursos naturales y la contaminación del agua; que repercuten directamente en el desarrollo integral de la población.

El deterioro ambiental a nivel mundial se hace cada vez más evidente. El cambio climático es uno de los factores que mayor preocupación ha causado, debido a los efectos que se han sentido a lo largo y ancho del planeta. Esto ha derivado en urgentes llamados para que los gobiernos y sus poblaciones cambien los patrones de consumo y generación de energí­a.

Guatemala no se encuentra ajena a este problema y la situación se agrava cuando se toma en cuenta que estamos situados en un área geográfica por demás vulnerable. La preocupación por el deterioro de la naturaleza en Guatemala se ha hecho sentir a partir de los llamados de comunidades rurales e indí­genas, así­ como de organizaciones ecologistas.

La utilización del agua y su aprovechamiento es una de las principales preocupaciones para las agrupaciones ecologistas y para las comunidades rurales. «Hay preocupación por la utilización del agua, la contaminación de los lugares donde se capta este lí­quido, así­ como el deterioro de los ecosistemas», señaló Carlos Salvatierra, del Colectivo Madre Selva.

Por su parte, Yuri Melini, del Centro de Acción Legal Ambiental, CALAS, señaló que los recursos hí­dricos del paí­s se encuentran en un deterioro tal, que de no tomarse medidas urgentes «estarí­amos frente a una crisis de proporciones incalculables».

«La protección y el manejo de los recursos hí­dricos del paí­s requiere de inversiones, no sólo a través del presupuesto, sino con una campaña de educación y de compromiso por parte de las autoridades y la población en general», aseguró Melini.

Para la activista Magalí­ Rey Rosa, del Instituto de Pensamiento Ecologista, durante los últimos años las instituciones del Estado han asegurado las operaciones de transnacionales que se dedican a la extracción de minerales y de petróleo, pero han descuidado a las comunidades, cuya principal fuente de subsistencia son los recursos naturales. «Yo creo que sumado a los actuales problemas del deterioro ambiental, ahora debemos enfrentarnos a un Gobierno que abrió la puerta a compañí­as mineras y petroleras para que el territorio pueda ser explotado por las compañí­as transnacionales», sostuvo Rey Rosa.

Algunas comunidades del paí­s, apoyadas por organizaciones de la sociedad civil, han impulsado acciones para garantizar el cuidado del medio ambiente, a través del rechazo de la instalación de minas y la construcción de hidroeléctricas. Dominga Vásquez, lideresa comunitaria en Sololá, afirmó que las comunidades indí­genas mantienen una relación profunda con el medio ambiente, principalmente con el agua, utilizada para la mayor parte de las actividades diarias. «Desde mi organización estamos dando aportes para conservar la naturaleza, como viveros y la plantación de árboles», dijo Vásquez.

Por su parte, Eloida Mejí­a, de la Asociación Amigos del Lago de Izabal, aseguró que las acciones que realizan en contra de la minerí­a no sólo tienen la intención de cuidar el medio ambiente, sino de hacer conciencia sobre los pocos recursos que le quedan al paí­s, derivado de minerales que extraen las transnacionales.

«En la actualidad la minerí­a representa el despojo de los recursos para las comunidades», insistió Mejí­a. «Estas actividades nos dejarán en la miseria porque las regalí­as que dejan las transnacionales no son representativas en comparación a la riqueza que se llevan y la destrucción que dejan», agregó.

Algunos crí­ticos de las consultas de vecinos que se han realizado en varias comunidades contra la minerí­a y las hidroeléctricas, aseguran que esta postura significa un atraso para la población, ya que se desperdician proyectos de desarrollo.

«A esas personas les dirí­a que nos oponemos al desarrollo, pero de las transnacionales que ya no son las dueñas del planeta», respondió Magalí­ Rey Rosa. «Criticar negativamente a quienes se oponen a la explotación minera y petrolera en tiempos del cambio climático es ridí­culo», subrayó.

Las personas consultadas por Visión Electoral coinciden que, durante la actual campaña electoral, la conservación del medio ambiente ha sido un tema ignorado. Carlos Salvatierra del Colectivo Madre Selva, aseguró que se deben realizar planteamientos sobre el fortalecimiento de las instituciones del Estado que velan por los recursos naturales, y garantizar las consultas vecinales ante proyectos que puedan afectar al medio ambiente.

«Se requiere de una mejor forma de procedimientos con los Estudios de Impacto Ambiental, donde las comunidades sean consultadas», dijo Salvatierra.

Yuri Melini, de CALAS, señaló que lo más importante es la aprobación de un marco legal que regule la utilización del agua para actividades industriales y de la población en general.

Para la abogada Marí­a Eugenia Solí­s, la base legal en nuestro paí­s se encuentra muy débil en cuanto a la conservación del medio ambiente; además las normativas no son respetadas ni cumplidas a cabalidad. «Nuestras leyes garantizan la vida y la conservación del medio ambiente, pero las normativas de categorí­a inferior, como la Ley de Minerí­a, afectan los esfuerzos para conservar los recursos naturales», aseguró Solí­s.

El Colectivo Madre Selva, junto con organizaciones de base de varias comunidades realizó una serie de consultas a vecinos y vecinas para determinar cuáles son sus principales preocupaciones y necesidades respecto del cuidado y protección de la naturaleza. Este esfuerzo concluyó en una propuesta de agenda ecologista, en donde se incluyen medidas concretas para garantizar el cuidado y respeto a la naturaleza, que se traduce en mejores condiciones de vida para la población.