Sí, es cierto, la iniciativa de la ley de acceso a la información pública debe de tener una dedicatoria especial. Y es que no podemos creer que durante el gobierno de í“scar Berger, éste pasara tranquilo sin que se le presionara por esta ley, por lo cual pudo haber hecho cualquier cosa anómala; y es extraño que, en cuanto se declaró ganador a ílvaro Colom como nuevo presidente de la República, empezó la puja por esta ley.
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Sin embargo, es necesaria.
Un país democrático, moderno y limpio, no puede concebirse sin esta ley. Pero hay que tener mucho cuidado, porque vivimos en un país que un día encarcela a los supuestos ladrones y al otro día los sueltan por faltas de pruebas. Y no es de extrañar que los mismos políticos puedan tener ya la vuelta a esta ley para continuar con sus movidas.
Me imagino, como dije, que esta iniciativa debe tener una dedicatoria, y que gente mal intencionada ya debe tener un listado de documentos a los cuales dirigirse en el momento de hacerse oficial la ley, con tal de entorpecer la función de un funcionario.
Y es que, hay que tener presente, que en Guatemala la política se ha dado por amiguismos, y cuando uno entra, el otro sale, y la cosa pública se ha manejado a través de muchas manos, algunas que no quisieron salir nunca, pero así es; y las venganzas podrían estar al orden del día.
Pero por eso no podemos estar en contra, porque sólo teme quien habrá hecho acciones anómalas, aunque eso incluya a todos los ocupantes de los puestos públicos.
Lo realmente importante de esta ley es un cambio de actitud. Y es que, esperamos, que desde el momento en que entre en vigencia, los funcionarios adquieran el hábito de transparentar sus acciones (no sólo el dinero, aunque esto es lo que más nos interesa).
En otros países, los democráticos y con corrupción casi cero, esta ley llega a niveles asombrosos, tales como que los funcionarios, incluso ponen a disposición su correo electrónico oficial; la información pública, cualquiera, está a disposición del público sin siquiera llenar un engorroso formulario.
Y por supuesto que debe ser así; lo que ocurre es que la actitud de los funcionarios es que al llegar al puesto público están en la capacidad, incluso en la obligación, de aprovecharse de la oportunidad. En cambio, con esta nueva ley, la actitud debe ser que el dinero, el tiempo, los recursos, la gasolina, los automóviles, la computadora con Internet, el celular, el uniforme que usan y las acciones, no son propiedad del funcionario, sino del pueblo, es decir, suyo y mío.
Pero no sólo es cuestión de que los funcionarios cambien de actitud. En Guatemala, el llamado «público en general» no está acostumbrado a sospechar, investigar y denunciar los actos anómalos; incluso, lo vemos como normal. Decimos, usualmente, «queremos un presidente que no sea chucho, que robe un poquito, pero no tanto», o «si llega a un puesto público y no roba, entonces es tonto», justificando ingenuamente al status quo.
La ciudadanía debe cambiar de actitud para que, ante la ineptitud de los entes fiscalizadores, sean las personas, comunes y corrientes, quienes auditen a los funcionarios.
Usualmente, ante la falta de posturas críticas de la población, y ante la falta de fiscalización de la Contraloría y el Congreso, y ante la falta de justicia por parte de Tribunales, han sido los medios de comunicación quienes se esfuerzan en denunciar las anomalías.
Pero esto se hace a través de denuncias que terceros hacen, porque alguien abrió la boca (como el caso Meyer-Darío Morales, que alguien los «quemó») interesado en hacer caer a alguien, y los medios se han prestado a este juego. El papel de la Prensa debe cambiar, también, y su actitud debe ser más crítica, más suspicaz y más inteligente, ante la apertura de la información.
Hemos vivido en una negra noche, en donde la información sólo es conocida entre altos funcionarios y, talvez, contratistas; pero empieza a amanecer… creo que ningún diputado cometerá suicidio político para no estar a favor de esta ley. (http://diarioparanoico.blogspot.com)