El presidente Otto Pérez Molina debería entender que los conflictos sociales que giran en torno a la minería requieren una atención inmediata e integral por parte del Gobierno. Las soluciones solo se pueden encontrar por la vía del diálogo y el entendimiento pacífico entre las empresas extractoras, las comunidades y las autoridades, pues las respuestas represivas y criminalizadoras hacia los movimientos que se oponen a la minería ya demostraron ser no solo ineficaces, sino también potenciadoras de más problemas y de confrontación.
En estos días cada onza de oro se cotiza en el mercado internacional aproximadamente a mil 470 dólares, cerca de 11 mil 430 quetzales, pero en los países productores como Guatemala el preciado metal también ha costado sangre, lágrimas y mucho dolor entre la población, que ha sido víctima de ataques por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos paralelos establecidos por empresas mineras.
Todo apunta a que al Ejecutivo no le importa el costo social de la minería, pero tampoco se da cuenta que por acción y omisión está llevando los problemas a un punto de ebullición social que puede tener consecuencias irreversibles para la gobernabilidad. Pérez Molina debería saber que las cosas se están saliendo de control y que pronto el mismo Gobierno no podrá detener el conflicto que ha propiciado. ¿Se conformarán las autoridades con esperar un estallido social?
Por eso, la ausencia de compensadores sociales, la contaminación ambiental, las ridículas regalías y sobre todo la falta de consideración a las consultas comunitarias son temas que urgentemente deben llegar a las mesas de diálogo en todas las localidades. Las leyes están claras, pero deben entenderse también los contextos actuales y las demandas reales de las comunidades; se deben tomar en cuenta los aspectos que no se encuentran plenamente legislados o que fueron regulados en base a situaciones y negociaciones pasadas, caracterizadas por la falta de transparencia.
Este también debería ser el punto de partida para la amplia discusión de una nueva Ley de Minería, que establezca nuevos parámetros para las actividades extractivas y que se adapte a las necesidades sociales y ambientales de los guatemaltecos. Claro está que la propuesta ya presentada por el Ministerio de Energía y Minas poco ayudaría a solucionar los problemas y de esa cuenta es necesario que la nueva legislación sea un producto de acuerdos y diálogos que involucren a todos los sectores.
Evitar la minería no es una opción en estos tiempos, pues las actividades extractivas son importantes fuentes de riqueza y empleo, y Guatemala tiene un importante potencial en este sector. Sin embargo, se deben establecer reglas nuevas, claras y de beneficio principalmente para los guatemaltecos y en segundo término para los inversionistas.
Extraer metales con mecanismos que reduzcan el impacto ambiental, el aumento de regalías para el Estado y el establecimiento de compensadores sociales podrá significar una pérdida de utilidades a las empresas mineras que invierten en el país, pero aun así tendrían importantes márgenes de ganancias que les permitirían operar en el marco de la legalidad y el respeto a la voluntad social. Con esos aspectos garantizados, difícilmente las comunidades rechazarían los proyectos mineros.
No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la atención de los conflictos sociales por la minería han sobrepasado las capacidades de las instituciones de Estado; por otro lado, hay que ser muy corrupto y servil para dejar las cosas tal y como están, beneficiando a unos pocos y condenando a las mayorías con la represión.