La resolución de la Corte de Constitucionalidad en relación a la aplicabilidad de la Ley de Amnistía al condenado por genocidio, Efraín Ríos Montt, nos retrotraería de un empujón al medioevo, al oscurantismo más profundo, a ser la vergüenza mundial como país que protege a genocidas y se olvida de las víctimas, a ser un lugar donde el imperio de la ley funciona para amparar la complicidad de las élites y militares sobre sus actos atroces del pasado.

El condenado y sus cómplices saben que es culpable, el juicio lo ha demostrado a pesar del primer golpe de la C.C. que lo anuló; de allí la presunción sobre unos magistrados constitucionales que oficiosamente rebuscan su resolución para asestar el segundo golpe, el que nos pondrían en una época diferente. La filtración al diario Prensa Libre antes que el debido anuncio formal a los representantes de las víctimas es más que indigno, es la muestra de la intención que se anuncia. La corte celestial está en las alturas y como tal está más allá de la aparente confusión entre la Ley de Reconciliación Nacional y el Decreto 8-86, Ley de Reconciliación. La pregunta que se impone es si afrontaremos como Estado, romper las normas del derecho internacional humanitario, con todo y tratados de los cuales Guatemala es signataria. Gloria Porras y Mauro Chacón han razonado con sensatez y racionalidad, la historia ya los eximió de la infamia. El caso de E.R.M. no es aislado, es más bien simbólico y estratégico para las fuerzas que presionan y retuercen el sistema que promueve olvidar en vez de hacer justicia. Ellos saben que dejar este gran cabo suelto desencadenaría otros procesos, sería dejar abierta la puerta para que avanzaran otros casos que a su vez les implicarían. Es como dejar que su propia pistola se les dispare sobre el pie. Y que nadie se engañe, cuando se necesita, la derecha cierra filas aún y cuando haya miembros sin pedigrí, porque lo que está en juego es la protección del negocio, del capital oligárquico y de las aspiraciones del resto de aprendices. En este orden de ideas, el precedente que se sentaría al amnistiar al condenado no tiene parangón, es cerrarle la puerta en la cara a las víctimas, es la comprobación que el sistema de justicia no es sólido, tiene fisuras y fracturas por las que se ha filtrado ese líquido viscoso de la impunidad. Pronto acabará por volver porosa todas las paredes del imperio de la ley que se desmoronarán sobre sí mismos. E.R.M. tuvo suerte por su condición histórica, pues de haber tenido un menor rango en la tropa, le hubiera significado el sacrificio. El sindicado fue por el contrario, el jefe de facto de un Estado militarizado que libraba en los lúgubres ochentas una batalla contra el fantasma del comunismo, de proporciones y de métodos solo comparables con las atrocidades de las peores guerras de la historia; el enemigo era su propio pueblo, en mayoría mujeres, niños y ancianos. Fue bajo su lema “vamos a matar pero no a asesinar” que se empezaron a gestar y diseñar aquellas paredes de lo que sería la fase democrática. Esos andamios sin embargo llevaban cemento contrainsurgente como aglutinante de leyes y de controles que debían garantizar a lo largo del tiempo, la impunidad de los perpetradores. El diseño de instrumentos normativos e instituciones que protegieran los intereses, las propiedades y los valores de esos perpetradores, se le encomendó al trabajo conjunto del estratega militar junto al mañoso abogado. De allí nació el ágora constitucional.