Se ha vuelto una costumbre el utilizar la interpelación para obstruir la agenda legislativa, muchas veces causando daños y perjuicios a otros. ¿Acaso están libres de responsabilidad los diputados que obstruyen la actividad legislativa? ¿Por qué el gobierno de turno no les exige a los diputados que cumplan su deber de legislar y les obliga a pagar los daños y perjuicios que causan?

Los diputados tienen obligaciones y responsabilidades serias que deben de cumplir y hasta el día de hoy, los partidos políticos han permitido ese juego.  Hay obligaciones primarias y fundamentales que los diputados deben de cumplir y que en los últimos años han sido sustancialmente incumplidas. 

Si se analiza y observa la pobreza de la producción legislativa y la cantidad de asuntos de interés nacional y de la población, que el Congreso no ha atendido, se puede determinar el nivel del incumplimiento de deberes por parte de los diputados. 

Existen temas de seguridad, educación, alimentación, de tecnología y muchos más que tienen importancia y efectos negativos para la población y para el Estado que no se atiendan.  Con las actitudes de diputados que por razones políticas y de otra naturaleza interpelan, se hace aparte el objetivo de la existencia del Congreso.

La soberanía radica en el Pueblo, quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  En el ejercicio de esa soberanía, el Organismo Legislativo, el Congreso, tiene un rol fundamental y de él depende la creación y derogación de leyes y otros aspectos materiales para la eficiente operación del Estado en beneficio de la población.  Los diputados tienen como Congreso serias responsabilidades y de las cuales se deriva que la Constitución les dio ciertas prebendas.

Es obvio que muchos diputados han olvidado la materialidad de su rol y responsabilidad y han tratado la cosa pública con desprecio y abuso.  Paralelamente los ciudadanos, que tenemos el derecho a exigir a los funcionarios públicos que cumplan su labor, se los hemos permitido.

Mediante el ejercicio de la interpelación los diputados pueden preguntar lo que deseen a un ministro.  Igualmente es un mecanismo para iniciar o plantear al Gobierno, una discusión amplia ajena a los proyectos de ley y a las proposiciones que se plantean al Congreso. 

Es valioso e importante que se realice una interpelación donde tiene por objetivo lograr el propósito para el cual existe ese derecho. Para que los legisladores comprendan y tengan diálogo con los ministros, para determinar lo que más conviene para el desarrollo del país.  Es fundamental para que existan comunicaciones y discusiones sustanciales de fondo de los temas críticos que necesitan atender los que tienen a su cargo el manejo gubernamental.

Desafortunadamente para la población, ese derecho a preguntar algunos diputados lo han transformado en una herramienta política para impedir el trabajo de un gobierno, para bloquear el análisis, aprobación o discusión de una ley, así como para otros fines que logran que el ministro pase días en el Congreso y en paralelo que el Congreso no atienda otros asuntos, frecuentemente de interés nacional.  Esa obstrucción generalmente obstaculiza la discusión o aprobación de leyes que son muy importantes para el bien común.

Es comprensible y razonable que se les puedan hacer preguntas a ministros, es más, es muy importante que se haga para lograr una racionalización y amplia discusión de los asuntos de interés nacional.  El problema es cuando se ejercita ese derecho de preguntar con la intencionalidad y propósito consistente y deliberado de impedir y bloquear la actividad legislativa.  Cuando eso sucede, se ha desnaturalizado el derecho de la interpelación y los congresistas que inician la interpelación tienen responsabilidad por los daños y perjuicios que se causan por el ejercicio en exceso y abuso del derecho a la interpelación.