Al parecer, el balance de 2009 en materia de justicia no es muy bueno para las ví­ctimas que se atreven a denunciar, pues un alto porcentaje de personas que presentaron una denuncia ante el MP no fueron atendidas.

Según datos de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP) dejó de formular acusación en el 94 por ciento de las delaciones recibidas este año en la instancia a cargo de la investigación penal.

Pero la cifra se va depurando más y más, a medida que avanza en las diferentes etapas del proceso penal guatemalteco, pues los tribunales de Sentencia únicamente emiten un promedio anual de 3 mil sentencias.

En ese marco, la próxima elección de titular del MP adquiere mucha importancia para la definición de una polí­tica criminal y el establecimiento de una estructura estable en la instancia investigadora, opina un analista consultado.

NíšMEROS

Una gran lista de denuncias sin respuesta del MP se acumuló este año en la instancia investigadora, según las estadí­sticas de la Cámara Penal. César Barrientos Pellecer, titular de la citada cámara, aseguró que de un promedio de 200 mil denuncias realizadas ante las diferentes fiscalí­as del paí­s, sólo 12 mil se fundamentaron en acusaciones este año.

El magistrado añadió que la anterior situación genera una demanda insatisfecha que, a su vez, va generando el clamor por la justicia en los guatemaltecos, e incluso reacciones violentas como los linchamientos.

Según las cifras de Barrientos, existe un promedio anual de 3 mil procesos que son llevados a una sentencia por un tribunal, lo que significa un total de tres sentencias mensuales, una por cada juez del Organismo Judicial.

Barrientos explicó que los ciudadanos tendrí­an que esperar hasta 2012 para que sean atendidas sus denuncias interpuestas este año ante el MP de continuar así­ el desarrollo del proceso, por lo que sugirió una ley de tutela judicial de ví­ctimas para que haya mayor respuesta hacia quienes son afectados por los actos ilí­citos.

El magistrado dijo, finalmente, que el promedio racional de sentencias mensuales por cada tribunal del Organismo Judicial deberí­a llegar a ser de 20, resultado de un promedio de debates diarios «necesarios en cualquier paí­s», que no tendrí­a que ser menor a tres al dí­a, puntualizó Barrientos.

ANíLISIS

Mario Mérida, analista en temas de seguridad y justicia, explica que la falta de atención en las denuncias presentadas por las y los guatemaltecos en el MP se debe a la «inestabilidad en la conducción de la instancia investigadora», entre otros aspectos.

«En tres elecciones del jefe del MP, ninguno ha terminado su mandato como la ley establece; es lamentable que por causas polí­ticas el Presidente quiera tener su fiscal particular y eso no permite institucionalizar al MP», declaró.

Mérida agregó que eso no permite estructurar una polí­tica institucional del MP orientada a fortalecerlo adecuadamente y ampliarla con un número mayor de fiscales, los cuales no superan los 200 en todo el paí­s, afirmó.

«Las estadí­sticas de la CSJ reflejan que anualmente hay un promedio de mil casos que cada fiscal tendrí­a, y eso refleja la falta de una polí­tica clara de crecimiento institucional con la que no se logra adelantar en la resolución de los casos», indicó.

Mérida agregó que el MP «se va por los casos más emblemáticos y que más publicidad tienen» y hay otros que se van quedando en el limbo porque no son importantes según la instancia investigadora, afirmó el analista entrevistado.

En ese contexto, Mérida calificó de «vital» la elección del próximo Fiscal General del MP y recomendó al gobierno entrante (enero de 2012) que respete la elección establecida por la ley, para no generar más atraso, indicó.

El entrevistado dijo, finalmente, que el Estado debe apoyar presupuestariamente al MP para aumentar el número de fiscales; además, indicó que es importante que el MP no dependa de los investigadores de la Policí­a Nacional Civil, institución que también considera desgastada y con funciones definidas, por lo que recomendó revisar las leyes y generar propuestas que permitan a esa instancia tener sus propios auxiliares fiscales investigadores.