El manejo de recursos del Estado, en el caso de contrataciones, es anómalo y corrupto en su mayorí­a, debido al uso de fideicomisos y organizaciones no gubernamentales (ONG) para las contrataciones del Estado.

Un informe sobre transparencia y gasto público, presentado por la comisión de transparencia del Congreso de la República, asegura que el manejo de los recursos del Estado, en el tema de contrataciones, indica que es anómalo y corrupto.

Rosa Marí­a de Frade, diputada de la Bancada Guatemala, indicó que prácticamente el 90 por ciento de las contrataciones del Estado eluden la Ley de Contrataciones; al hacerlo a través de ONG o de fideicomisos constituidos con fondos públicos “todas las instituciones del Estado están utilizando este tipo de mecanismos”.

De Frade asegura que actualmente las instituciones no siguen los pasos establecidos en las normativas legales para cerrar las adquisiciones.

“Se perdieron los controles, la fiscalización, la auditorí­a y esto lo que provoca es estos niveles de corrupción”, agrega la parlamentaria.

Asimismo, asegura que si bien eso ha ocurrido en gobiernos anteriores, se ha incrementado en el actual gobierno. “En los gobiernos anteriores todaví­a se llevaban a cabo licitaciones y cotizaciones públicas, hoy en Guatemala prácticamente eso ya no existe”, debido a que ahora se llevan a cabo a través de los mecanismos de excepción y a través de organizaciones no gubernamentales y de fideicomisos constituidos con fondos públicos. 

La diputada De Frade señaló que “es posible hacer la fiscalización pero la Contralorí­a General de Cuentas lo que ha hecho, es ser un cómplice de estos esquemas de corrupción”.

Según el diagnóstico realizado por la comisión en las contrataciones públicas de los últimos años, claramente revela el endeudamiento ilegal, la corrupción, la adquisición de compromisos contra actuales sin respaldo presupuestario, indica la parlamentaria, a pesar de que esto está prohibido por la ley orgánica del presupuesto y por la ley de contrataciones del Estado. 

“Sin embargo no hemos visto sanciones, no hemos visto hallazgos, ni acciones de la contralorí­a para evitar estos procesos.

Para ello, la Comisión de Transparencia, mesas de trabajo conformadas por Educación, Seguridad y Justicia, Infraestructura y Vivienda y la de Salud, están proponiendo una reforma a la Ley Orgánica  de la Contralorí­a General de Cuentas “una de las grandes debilidades que existe es precisamente, el mal funcionamiento de la Contralorí­a General de Cuentas”.

Asimismo, reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y a la Ley Orgánica del Presupuesto.

La falta de estos controles ha provocado que aproximadamente entre un 30 y 35 por ciento se pierda de los recursos del Estado, principalmente por corrupción y sobre valoración en costos administrativos ocultos que llevan a cabo de organizaciones no gubernamentales.