Todas las oficinas que utilizan fondos públicos están obligadas a presentar un informe a la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH); sin embargo, de las más de 1 mil 600 entidades obligadas, solamente se recibieron 300 expedientes.

Aunque falta contabilizar los documentos recibidos en las dependencias de los departamentos, hasta esta mañana se tení­an contabilizados 300 informes que señalan el trabajo de las oficinas de Acceso a la Información.

Como parte de la búsqueda de transparencia en las entidades que utilizan fondos públicos, la Ley de Acceso a la Información permite, en teorí­a, obtener datos concretos para fiscalizar el uso adecuado de los recursos; sin embargo, hay una brecha que no permite tener total acceso.

POCOS RECURSOS

Alfonso Godí­nez, de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información de la PDH, lamentó la falta de recursos designados en la mayorí­a de entidades, incluso en la PDH, donde para poder fiscalizar la función de las demás dependencias utilizan el mismo presupuesto que tení­an anteriormente.

La PDH debe recibir anualmente los informes el último dí­a hábil de enero, cuando todas las entidades públicas y las empresas privadas que manipulen determinado bien público, como las mineras y las organizaciones no gubernamentales, deben presentar el informe de trabajo.

A pesar de las múltiples denuncias que se realizan, la PDH señala que son muy pocas, y por lo tanto los resultados actuales arrojan que de las solicitudes realizadas, el 85% de respuestas son positivas, un número que no supera el 5% del total tabulado son negativas y no más de 60 recursos de revisión se presentaron el año pasado.