El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) refiere que 60 de cada 100 jóvenes víctimas de la violencia en Guatemala no denuncia esos actos porque considera que «no sirve de nada», sin embargo su silencio se convierte poco a poco en un generador del alto índice de impunidad en el país, que supera el 90 por ciento.
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La problemática dual es muy compleja y esto puede explicarse a través de los resultados de un reciente informe del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), el cual refleja que en Guatemala, la violencia constituye el principal problema social para el 60 por ciento de la ciudadanía, mientras que la impunidad apenas lo es para el 0.3 por ciento de la población.
Los datos estadísticos son alarmantes, pues según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de enero a octubre de este año se practicaron más de 11 mil necropsias, de las cuales más de 5 mil se refieren a muertes violentas.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) refleja en su reporte de derechos humanos que, aunque hubo menos muertes en relación al año pasado, en estas se ha observado mayor «brutalidad».
El Ministerio Público (MP) atiende anualmente a un total de 300 mil denuncias de víctimas de todo tipo de delitos, un promedio de 300 casos mensuales acumulados únicamente en la capital.
Mientras las cifras de violencia en el país son un factor de constante alarma, los altos niveles de impunidad lo son aún más. En ese marco, instancias internacionales han puesto su atención en esa problemática y han unido esfuerzos y recursos para coadyuvar en ese tema, por lo que este año, UNICEF suscribió por segunda vez un convenio con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para el análisis exhaustivo de ese fenómeno.
Entre los resultados que UNICEF resalta de ese convenio están la intervención de la CICIG en un operativo de rescate que tuvo lugar en Panajachel en 2009, en el que fueron recuperados más de una decena de niños en condiciones abyectas de vida y que eran «cuidados» por individuos que portaban armas de grueso calibre.
Además resalta que existe coordinación entre ambas instituciones para lograr acuerdos que permitan promover reformas legislativas en los temas de trata de personas y la conformación de grupos temáticos de la Organización de Naciones Unidas en materia de seguridad y justicia, y la instalación de cámaras Gessel para impedir la revictimización de los niños, entre otros.
A criterio de Adriano González, representante de UNICEF en Guatemala, el silencio aumenta la impunidad, pero romper ese silencio incrementa la presión social y la demanda de acabar con la falta de castigo para los criminales. (Lea «Alimenta la impunidad»)
En ese marco, ¿cuál es el camino que debe asumir la ciudadanía ante tales fenómenos que durante años se han enraizado en el país?, ¿es el Estado capaz de responder ante el gran número de casos que se denuncian y los que no?
EN GENERAL
En lo que va del año, el Inacif ha realizado un total de 11 mil 21 necropsias por fallecimientos de todo tipo. Según los datos reflejados en el sitio electrónico de esa institución, 5 mil 546 necropsias han sido por muertes violentas.
Las principales causas de muertes violentas registradas por el Inacif en su portal electrónico son por armas de fuego, armas blancas y asfixia.
Mario Polanco, del GAM, explica que la violencia constituye en el país una problemática generalizada que afecta tanto a hombres como mujeres, adultos, niños y niñas.
El director del GAM refiere que la violencia se ha generalizado y detalla los datos registrados por esa organización sobre casos de muertes violentas en lo que va del año, de las cuales el 86 por ciento de fallecidos han sido hombres, el 12 por ciento mujeres y el 2 por ciento niños y niñas.
Polanco refiere, además, que entre los hechos criminales reportados se registran 12 masacres que han dejado no menos de 40 víctimas mortales y 26 personas heridas.
El entrevistado concluye que el fenómeno de la constante violencia en el país va generando que la población recurra a métodos fuera de la ley, como los linchamientos, para «controlar» los altos índices delincuenciales que se reportan diariamente en Guatemala.
LA JUVENTUD
íbner Paredes, encargado del área de Juventud del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), comenta que en el caso de la juventud, la violencia se ha incrementado tanto como su criminalización por este tipo de hechos.
Paredes explica que las características de los asesinatos contra los jóvenes son la tortura, el tiro de gracia y el abandono de las víctimas en lugares baldíos; pero subraya que adicional a ello hay un promedio anual de 20 mil detenciones de adolescentes desde 2006, pero que la mitad de ellos están vinculados a delitos menores.
«Los jóvenes tienen desconfianza, y es porque denunciar no necesariamente implica que haya una investigación y eso tiene que ver con el desprestigio de las autoridades que se ha acumulado porque muchas de las denuncias sólo sirven como trámite», indica Paredes.
El entrevistado señala que la razón del silencio, tanto en la juventud como en el resto de la ciudadanía que podría ser víctima de hechos violentos, también está íntimamente vinculada a las represalias que los delincuentes «y muchas veces hasta las mismas autoridades» puedan tomar.
«Estoy convencido que ese silencio genera impunidad, pero el sistema es incapaz de proteger a la población y en particular a la juventud de ese círculo vicioso de impunidad», comenta.
El entrevistado concluye que no existe capacidad de investigación para todo tipo de casos por parte del Ministerio Público (MP), lo que provoca generalizaciones y «estereotipos» hacia la juventud. «No persiguen a los peces gordos y justifican su incapacidad criminalizando a los jóvenes que son más vulnerables», comenta.
¿ATENCIí“N?
Actualmente la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público permanece acéfala, por lo que es Alejandro Rodríguez, director de Política Criminal de esa institución, quien aporta algunos detalles sobre el número de denuncias que reciben cada año y el tipo de atención que se presta a las víctimas de delitos en esa instancia.
«El modelo de atención integral ya tiene la nueva perspectiva de abordaje interdisciplinario de las víctimas, la cual está integrada por psicólogos para estabilización emocional, médicos para la atención directa y un trabajo inmediato de parte de los fiscales que van a llevar el caso», respondió Rodríguez al ser consultado sobre ese tema.
Rodríguez señala que actualmente el MP atiende unas 300 mil denuncias cada año, y que de estas tienen una atención directa de unos 300 casos mensuales sólo en la capital.
El funcionario ve con satisfacción el hecho que la fiscalía de la mujer haya logrado duplicar el número de acusaciones y sentencias condenatorias durante este año con relación al año pasado; además resalta que actualmente se investigan casos de «mayor complejidad» entre los que subraya el de un violador en serie y el de abusos masivos perpetrados por reos en la cárcel de la zona 18.
Rodríguez considera que «en términos generales ha mejorado la actuación del MP tanto en la atención victimológica como en sus resultados», sin embargo reconoce que la atención integral no es aplicada en todo el país pues solo tiene cobertura en la ciudad capital y apenas se implementa en las municipalidades de Villa Nueva y Mixco.
Abner Paredes
CALDH
Adriano González-Regeral, representante de UNICEF en Guatemala, habla sobre el silencio como factor generador de impunidad en el país. Basándose en las cifras, el entrevistado concluye que el Estado es débil ante la impunidad pero a la vez, es el único que debe responder ante la creciente ola de violencia.
¿Cuál es su percepción sobre la impunidad en Guatemala?
La impunidad es un tema muy general que por desgracia es muy potente en su persistencia en temas de violencia contra niños, niñas y adolescentes; es fuerte en Guatemala, alrededor del 90 por ciento, y también con su reverso que se autoalimenta y que es el silencio social por tolerancia o por miedo. Según un estudio del PNUD más del 60 por ciento no denunciarían casos de violencia, agresión, inseguridad o delincuencia.
¿Cómo se debe combatir esa impunidad?
La lucha contra la impunidad que viene de la lucha de Estado cuyo principal fin es proteger a la ciudadanía, ya lo sabemos todos, no nos falta ahondar, el 90 por ciento de los crímenes contra niños y adolescentes quedan impunes, y también son bajas denuncias de ellos, que terminan en tolerancia a abusos sexuales, violencia intrafamiliar, violencia que se silencia porque se considera interno a la familia.
¿Es ese silencio generador de impunidad?
Sí, alimenta la impunidad, y la impunidad alimenta al porcentaje que dice que no sirve de nada poner una denuncia.
¿Qué efectos tiene ese silencio?
Consiste en que la impunidad se refuerza del lado social al no haber denuncia; hay que considerar que un aumento de denuncia no quiere decir que hubiera aumento de delitos sino que con un aumento de denuncias habría menos silencio.
Usted se refiere a un Estado débil…
Eso lo dicen las cifras, no lo digo yo, estamos viendo una impunidad del 90 por ciento…
Claro, pero entonces ¿qué debe hacer el Estado?
Seguir apoyando la presencia de la CICIG que está muy bien pero no basta, está claro que la responsabilidad debe tomarse cada vez más por parte de los organismos del Estado, el poder judicial la PGN, el MP… Y para eso UNICEF trabaja con todas esas instancias para reforzar en el Estado la lucha contra la impunidad; no se trata de denunciar sino de dar apoyo para que el Estado pueda responder y eso no lo puede hacer nadie más que el Estado. El monopolio de la violencia tiene que quedar siempre en manos del Estado, no privatizarse ni llegar a linchamientos pero para que eso ocurra tiene que reforzarse toda la cadena.
¿Qué ocurrirá cuando se incremente el nivel de denuncias?
Si aumenta la denuncia aumenta la presión social, y probablemente aumente la demanda de acabar con la impunidad por parte de la sociedad. Todos sabemos que si no te pasa nada siendo violento, tienes poco riesgo que te pase y de seguir haciéndolo y que más gente se apunte para este tipo de conductas; consideramos que hace falta aumentar la percepción social de que si hay inseguridad y violencia es también porque no hay castigo para los perpetradores.
¿Se corre el riesgo que se saturen los sistemas?
Por eso trabajamos, para reforzar las capacidades operativas también del MP. Sí (se corre el riesgo), pero el riesgo real lo corre la gente. Hay un montón de cosas en el pasado que indican que sí se puede mejorar la respuesta a esta gran demanda de seguridad ciudadana y la única forma sería luchar contra la inseguridad basándose en el cumplimiento de derechos humanos.