El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó un análisis sobre las consecuencias políticas y económicas de las impugnaciones a la reforma tributaria, indicando que pese a que prácticamente se impugnó 1 de cada 3 artículos de la reforma tributaria,

La efectividad de la ofensiva legal es baja y no se esperaría una merma significativa en la recaudación, por lo tanto no ven riesgo de inconstitucionalidad para dicha reforma, pero se advierte sobre posibles contrarreformas.

Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi, indica que la CC ha sido clara en base a lo actuado, en decir que la ley de Actualización Tributaria es bastante fortalecida en términos constitucionales y con muy pocos espacios para declararla inconstitucional, los artículos que se han suspendido están relacionados relativamente con extralimitaciones en términos de la capacidad de la administración tributaria.

Menkos dice que por el momento en general la actualización tributaria no ha tenido un recurso de inconstitucionalidad que vulnere sus capacidades de recaudación, “la ley podrá seguir adelante sin que los recursos, que se han sometido a la Corte sean lo suficientemente robustos como para derogar la ley”.

Además, dice que en la mesa técnica que se tiene entre algunos empresarios y autoridades de Finanzas, lo que se está discutiendo es una posible contrarreforma, es decir un retroceso de lo que ya se había logrado, “nos preocupa mucho que esa mesa técnica solo traiga como consecuencia el aumento de privilegios, o la posibilidad de reducir la capacidad de recaudación de la actualización tributaria”.

Según Menkos, estos privilegios son sobre la deducción sobre el Impuesto Sobre la Renta de empresas y no de personas individuales, así como la declaración de algunos privilegios para empresas que se dediquen en juegos de azar o casinos.

El Icefi dice que lo que respecta a los recursos interpuestos en la CC no afectará la recaudación de dicha ley, que está en torno entre el 1 y el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto, pero la discusión en la mesa técnica de grupos gremiales y el gobierno sí es preocupante, ya que puede dar como resultado una iniciativa de ley que revierta lo logrado con la actualización tributaria.

Menkos dice que la sociedad debe reconocer que la principal fuente de financiamiento del Estado de Guatemala son los ingresos tributarios, y que cualquier medida que se tome para disminuir los ingresos tributarios del país, también se debe de advertir que del otro lado lo que se está diciendo es que vamos a tener que disminuir las posibilidades de generar políticas públicas de beneficio general.

“Todas las promesas electorales en materia de seguridad, justicia, salud y educación no se pueden cumplir si el gobierno no tiene los recursos adecuados y mucho menos si el gobierno deja para después la agenda de transparencia y de lucha contra corrupción”.

Además, dice que en general los impuestos no son un acto que se haga de la manera más sonriente, pero hay que reconocer que son parte del contrato social, por lo que la labor de la Superintendencia de Administración Tributaria debería estar concentrada en ayudar a que el pago de los impuestos sean lo más fácil y menos complejo para que el contribuyente no sienta el pago o sino también los trámites para ser efectiva su obligación frente al Estado.