Luego de un año determinante para la justicia guatemalteca, el 2014 se vislumbra como otro de gran importancia para este sector, ya que se diligenciarán al menos cinco juicios de alto impacto.
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CASO MASACRE EN EL AGUACATE
En el Tribunal de Primera Instancia de Chimaltenango, el 27 de febrero del 2014 iniciará el juicio en contra de Felipe Solano Barillas, también conocido como David, exguerrillero y exmiembro de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), sindicado de la masacre en la comunidad El Aguacate, donde 22 personas fueron asesinadas.
La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de Derechos Humanos, acusó a Solano de los delitos de asesinato en forma continuada y deberes contra la humanidad; para el efecto presentó 145 medios de prueba, entre los que se encuentra el testimonio de 30 personas, así como 15 informes periciales y un aproximado de 100 documentos.
Dicha matanza, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CHE), ocurrió el 24 de noviembre de 1988 en las cercanías de San Andrés Iztapa, en Chimaltenango: 21 campesinos y un miembro de la propia guerrilla, murieron.
CASO MASACRE DE 27 JORNALEROS
El Tribunal Primero B de Mayor Riesgo programó para el 20 de enero el inicio del juicio en contra de ocho presuntos Zetas señalados de ser los autores de la masacre contra 27 jornaleros ocurrida el 14 de mayo de 2011, en la finca Los Cocos, La Libertad, Petén.
Entre los sindicados por la matanza se encuentra Hugo Álvaro Gómez, alias el Comandante Bruja, quien ya fue condenado por la muerte de la pareja de esposos Manuel Alberto Bardales Portillo y Heidy Franco Salguero, registrada en mayo del 2011.
Además de Gómez, son señalados los mexicanos José Luis Santiago y Jorge Hernández Méndez, así como los guatemaltecos German Icó Chej, Elder Estuardo Morales Rodríguez, Luis Cal Roy, Ludwing Celada Galdámez y Daniel Josué Castillo Gaspar.
Los procesados por este caso fueron enviados a juicio en febrero pasado por el Juzgado A de Mayor Riesgo, y de acuerdo con información del Ministerio Público, se diligenciarán al menos 298 pruebas en contra de los acusados.
CASO QUEMA DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA
34 años después, el proceso penal por la quema de la Embajada de España en Guatemala llegará a un tribunal, para que se juzgue a la persona que supuestamente impidió que un grupo de 37 personas pudiera salir de la sede diplomática, el 31 de enero de 1980.
El Tribunal Primero B de Mayor Riesgo programó el inicio del juicio contra Pedro García Arredondo, exjefe del Comando Seis de la desaparecida Policía Nacional (PN), para el 1 de octubre del próximo año.
García Arredondo enfrenta proceso por los delitos de asesinato, deberes contra la humanidad, por la muerte de 37 personas. Además, fue sindicado de asesinato y asesinato en grado de tentativa contra los dos sobrevivientes del hecho: el campesino Gregorio Yujá Xoná, quien fue secuestrado y asesinado al día siguiente del siniestro, y Máximo Cajal, exembajador español en Guatemala.
Durante este debate el Ministerio Público presentará la declaración de 12 peritos, 33 testigos, 8 medios audiovisuales y 200 documentos.
CASO CONTRA MARA SALVATRUCHA
El Tribunal Primero B de Mayor Riesgo programó para mayo el inicio del juicio contra José Manuel Bantes, y 84 personas más, señaladas de ser miembros de la Mara Salvatrucha, y cometer delitos de asesinato, asociación ilícita y extorsión a transportistas y comerciantes, principalmente en la colonia Canalitos, zona 24 y Chimaltenango.
Según las investigaciones del Ministerio Público al menos 20 muertes de pilotos se le podrían atribuir a la estructura criminal.
Por otro lado, el 13 de enero próximo el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo dará a conocer si envía a juicio a seis presuntos líderes de la Pandilla, sindicados de integrar el Consejo de los Nueve, por supuestamente ordenar la muerte de 287 personas, por negarse al pago de extorsión, o ser integrantes de la pandilla rival.
BOMBAZO EN RUTAS QUETZAL
El Tribunal Primero B de Mayor Riesgo programó para el próximo 3 de enero el inicio del juicio en contra de nueve pandilleros, sindicados por el bombazo en un autobús de Rutas Quetzal, donde hubo nueve muertos y trece heridos.
La fecha coincide con el tercer aniversario del atentado. El proceso contra los presuntos responsables, autores materiales e intelectuales de la explosión de la bomba, estuvo estancado por impugnaciones de los implicados.