El Ejército colombiano quedó esta semana en la picota tras la destitución de tres generales y otros 24 militares por violación de los derechos humanos, lo que fue aprovechado por la oposición para reclamar, una vez más, la renuncia del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

La salida de los militares fue anunciada el miércoles por el presidente Alvaro Uribe, cuyo gobierno enfrenta el escrutinio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos.

A los uniformados se les imputa responsabilidad «por acción u omisión» en la muerte de unos once jóvenes que habí­an desaparecido de sus hogares en un sector humilde del sur de Bogotá, y que fueron presentados como muertos en combate con el Ejército, presumiblemente para reclamar éxitos militares.

Tras la poda en el mando castrense se desató una ola de denuncias de casos similares en otras regiones, que señalan un centenar y medio de muertes, según parientes de las ví­ctimas y de organizaciones no gubernamentales.

Aunque la decisión supone la mayor purga en el Ejército en los seis años de gobierno de Uribe, los tres generales dijeron respetarla, si bien negaron las acusaciones.

Los militares han contado con todo el respaldo de Uribe, quien sustenta en ellos el cumplimiento de su promesa electoral de derrotar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a la que en efecto le han propinado contundentes golpes que la han debilitado.

Con el fin de estimular la eficacia en esa lucha, el gobierno implementó una polí­tica de incentivos y beneficios para los uniformados que mostraran mejores resultados, lo que para la oposición polí­tica es la causa de las violaciones.

En tal sentido se pronunció ayer el fiscal general, Mario Iguarán, quien le pidió al gobierno revisar la estrategia puesta en marcha en 2005, preguntándose si el «afán por el positivo y el ansia por la recompensa está generando estos oscuros sucesos».

La oposición, tanto del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo (PDA), como del socialdemócrata Liberal, le atribuyen al ministro Santos la principal responsabilidad por la muerte de los jóvenes.

«Uno se pregunta por qué el ministro de Defensa se muestra poco acucioso para asumir su responsabilidad», declaró el presidente del PDA, Carlos Gaviria.

Por su parte, el senador liberal Juan Fernando Cristo, al recordar a Santos un debate legislativo por otras denuncias sobre montajes del Ejército para presentar supuestos resultados en la lucha contra los grupos ilegales, dijo que «debe dejar el cargo».

Pero Uribe salió en defensa de su ministro declarando en el marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana de El Salvador, que resulta «injusto» que «ahora se pida la cabeza de quien está luchando para que Colombia tenga una polí­tica de seguridad democrática más confiable».

La seguridad democrática -como Uribe denomina la estrategia contra las guerrillas izquierdistas y los grupos paramilitares de extrema derecha-, se ha convertido en su obsesión, deslizando que sólo desistirá de una segunda reelección si su sucesor garantiza la continuidad de esa polí­tica.

Y a juzgar por otra declaración que formuló en El Salvador, no está dispuesto a aflojar, sino que por el contrario demandó más resultados a los militares, cuestionado si acaso éstos protegen a reconocidos narcotraficantes que ordenó capturar.

«Voy a preguntar especialmente a la División del Ejército en (la ciudad de) Villavicencio (centro) si es capaz de capturar al «Loco Barrera» o si es que lo está protegiendo», dijo, en un pronunciamiento que tiende un nuevo manto de duda sobre las tropas.