De pronto la posibilidad de construir la institucionalidad, democrática y participativa, puede ser un alentador entorno para rescatar a nuestro paí­s de las garras de la injusticia y la impunidad. La ví­a del diálogo, aún y con las consabidas limitaciones, por ahora entiendo yo, de carecer de mecanismos vinculantes, es el camino racional que nos puede llevar a renovar la confianza en los procesos sugeridos por los gobernantes para ponernos de acuerdo como gobernados.

El despertar de las pasiones que se generan alrededor de la pena de muerte, es, si logramos superar la ví­a de la descalificación de unos y otros, un importante punto de encuentro. No me detendré para racionar mi posición al respecto. Deseo apuntar el hecho de la participación de la ciudadaní­a al exponer sus puntos de vista. Al opinar cada guatemalteco que lo ha hecho adquiere, sabiéndolo o no, una valiosa experiencia en la configuración del Estado. De nuestro Estado, el Estado de Guatemala. Si aprendemos a tolerar los criterios que se oponen entre sí­ y buscamos la esencia del fin último de nuestra convivencia en sociedad y la regulación por medio de los estamentos estatales, habremos dado un importante y sólido paso en la necesaria construcción de todo el régimen de institucionalidad.

Por el simple hecho de llegar a cumplir 18 años de edad, los guatemaltecos somos ciudadanos, poseemos la ciudadaní­a (artí­culo 147 constitucional). Pero tal implica un conjunto de deberes y de derechos, tanto en el ámbito de lo cí­vico como de lo polí­tico (artí­culos 135 y 136 constitucionales). Y ello reafirma que el poder público deviene del todo de los ciudadanos, que con el genérico de PUEBLO, el artí­culo 152 constitucional reafirma. El poder público proviene del PUEBLO. No de una persona, ni siquiera de un sector del pueblo, mucho menos de las fuerzas armadas o de las organizaciones polí­ticas y de sus lí­deres. Y esos elementos a mi juicio han aflorado en estos dí­as.

Me ha parecido alentador el acercamiento del Presidente Constitucional de la República al Congreso de la República. Un acercamiento prácticamente a «puerta abierta». Solicitar apoyo y buscar por la ví­a de ese diálogo el consenso necesario para reafirmar la institucionalidad del régimen de legalidad es, según me parece, positivo. Faltará ver ahora las acciones que confirmen los buenos deseos. No importa si en materia de seguridad es el partido polí­tico tal o cual el que asume el liderazgo. No importa que sea el oficial o el de la oposición. Lo importante son las concreciones de esos consensos.

Tampoco me detendré a comentar la motivación del «plantón ciudadano» que solicita una reducción del Congreso y otras reformas relativas a la conformación del Organismo Legislativo. Por ahora no es mi intención abordar esa participación desde la óptica de la naturaleza de la petición. Destaco sí­ la acción participativa. Aunque haya sido mí­nima el valor de la misma es que ha ejercitado la ciudadaní­a.

¿Qué tantos cambios podrí­amos impulsar entre todos, si cada vez más y más guatemaltecos entendiéramos y demandáramos la plena observancia de las garantí­as constitucionales sobre la base del cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos? Y esa oportunidad se puede presentar bajo el esquema del Sistema Nacional de Diálogo. Yo creo entonces que en breve lo vinculante de tales procesos deliberativos se manifestará mediante el condicionamiento racional de cumplir fielmente nuestro papel. Unos como gobernantes, otros como gobernados. Unos como polí­ticos, otros como no polí­ticos. Unos como ejecutantes y otros como fiscalizadores. Se necesita de todos, para construir el paí­s que es de todos. Nuestro paí­s.