No hay mejor momento para conocer a fondo a quien ejerce función pública que cuando debe dar la cara y responder por sus actos porque es allí donde uno se da cuenta del concepto que tienen de su papel como funcionarios. Quien entiende que es apenas un servidor, depositario temporal de un poder que le delega el soberano mediante un mandato, rinde cuentas a cabalidad bajo la premisa de que no es dueño del dinero que administra. En cambio, el que niega información, se enconcha en pretextos absurdos y manda al diablo a la opinión pública bajo el argumento burdo de que no tiene por qué responder a interrogantes, demuestra no sólo su arrogante prepotencia, sino la mediocridad que le impide entender su verdadera función.
No crea el lector que el párrafo anterior es dirigido exclusivamente a quienes ahora emiten acuerdos para evitar que la Ley de Acceso a la Información se aplique a programas que manejan, especialmente aquellos relacionados con Cohesión Social y los otros de los que se han sustraído recursos mediante transferencias presupuestarias, como ha sido el caso de Gobernación y la PNC. No, en realidad estamos hablando del Presidente de la Corte Suprema de Justicia que se niega a discutir un tema que es de interés público, como lo constituye la erogación de recursos para financiar el viaje que hizo junto a su secretaria, a Brasil.
Para muchos sigue siendo un misterio de dónde salió la candidatura a la Corte del actual presidente y por qué fue apoyado por la mayoría de bancadas en el poco «honorable Congreso de la República», pero conociendo la forma en que se cabildeó y las influencias más decisivas para integrar la Corte, se pueden empezar a hacer conjeturas.
Sin duda para el abogado las preguntas que le formulan los periodistas debe ser otra exageración, como la de Castresana, porque según él no hay razón para que la gente cuestione el tipo de ayuda que pudo representarle al Presidente de la Corte Suprema de Justicia la compañía de una joven con poca experiencia y sin formación académica. Y también que se inquiera por qué tuvo que llevar viáticos para hospedaje y alimentación si esos rubros, al menos para él, estaban cubiertos por los organizadores. No digamos por qué él y su acompañante viajaron, evidentemente, en primera clase pagando más de dos mil dólares por cada boleto aéreo.
No son exageraciones, una vez más, sino dudas lógicas, razonables y que merecen respuesta de quien no es dueño del dinero del poder judicial, sino un empleado, de alto nivel pero empleado al fin de cuentas, que le tiene que dar explicaciones a su mandante que es el pueblo.