Dos noticias de índole internacional y una nacional me llamaron la atención, la primera (Diario La Hora 14-12-06, página 27) cuando el primer ministro japonés anunció privarse de tres meses de salario (devenga aproximadamente $350 mil dólares al año) como auto castigo, tras haber reconocido que hubo personas que habían sido pagadas para hacer «buenas» preguntas en las reuniones locales en las que los ciudadanos pueden plantear lo que deseen a sus dirigentes políticos. La segunda, (Prensa Libre, 21-12-06, página 48) porque el presidente í“scar Arias de Costa Rica, renunciará a partir del mes de enero próximo a la totalidad de su salario para donarlo a personas necesitadas y la tercera, la que escuché a través del Patrullaje Informativo de Emisoras Unidas, porque algunos diputados utilizaron su aguinaldo para comprar juguetes y artículos de primera necesidad para niños desamparados.
Las tres noticias me parecen lindos e imitables gestos sin embargo, no creo que eso mismo debiéramos exigirle a los demás porque soy del criterio que el cumplimiento de la ley no debe tener excepciones y que si algún funcionario o empleado público no cumple con sus deberes habrá que deducirle las responsabilidades del caso. No hay razón para que sus remuneraciones no sean conocidas por todos y no estar ligadas estrictamente a sus deberes, como que dado el caso exhibiera incumplimiento, sea objeto de merma o restricción si fuera necesario.
El funcionario público o representante del pueblo debe ser adecuadamente remunerado, por cuanto eso sirve de estímulo, motivación o de acicate para que gente honesta, preparada y con experiencia participe en política. A manera de ejemplo, si un abogado abandona su bufete para prestar sus servicios a la comunidad debe haber una compensación justa y equitativa, pero eso mismo nunca debiera significar abusos o prebendas de cualquier especie, que es lo que ha venido ocurriendo en Guatemala desde que tengo uso de razón. Con esto más, que antes había excepciones y ahora, esa es la regla.
La norma de todo funcionario y empleado público debe ser la entrega total al servicio de la sociedad a la que se debe y no como ha venido ocurriendo, que es la población la que tiene que rendirle pleitesía y darle las más expresivas gracias por lo que haya hecho en favor de ella, cuando, además de ser esa su sobrada obligación, en la mayoría de los casos están más que remunerados, percibiendo incentivos y ventajas que jamás soñaron tener, hasta el colmo de cobrar «comisiones» por obras asignadas. Lo anterior todo el pueblo lo debiera apreciar, entender y exigir por todos los medios a su alcance, si es que en verdad queremos mejorar nuestro país y depurar la administración pública.