La Monarquía es una forma de gobierno en la que el Jefe de Estado es un Rey al que se rinde toda clase de pleitesía por ser el representante de la unidad nacional. En la actualidad la mayoría de monarcas no ejercen el poder Ejecutivo, pero la institución Real surgió precisamente por la concentración de todos los poderes del Estado en quien por herencia era coronado para dirigir los destinos de un pueblo. En otras palabras, pocas figuras han sido protegidas por la inmunidad como los miembros de una familia Real en los países donde todavía funciona la Monarquía, aunque la misma sea Constitucional y delegue el gobierno en autoridades designadas en forma democrática, como ocurre actualmente en España.

Se puede discutir mucho sobre el desfase histórico de esa forma de gobierno, pero si alguna oportunidad tiene de subsistir hay que encontrarla en la sujeción de los miembros de una familia real a la majestad, valga aquí mejor que nunca el término, de la ley. Y en España estamos viendo un ejemplo que es aleccionador sobre lo que una sociedad debe esperar de sus autoridades cuando se producen abusos que se traducen en el tráfico de influencias generador de enriquecimiento ilícito. El yerno del Rey de España fue imputado por aprovecharse de dinero público en su propio beneficio en la utilización de una entidad “no lucrativa” que le dejó enormes ganancias. El instituto Nóos era dirigido por Iñaki Urdangarin, Duque de Palma de Mallorca, y por su esposa, la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, hija menor del Rey, Duquesa de Palma y que forma parte de la línea de sucesión en forma lejana.
 
 Al Duque y a sus otros socios ya se les había imputado formalmente, pero esta semana un Juez ordinario citó con carácter de imputada nada más y nada menos que a la Infanta, la hija del Rey, quien tendrá que responder ante la justicia por las acusaciones en su contra respecto al mal uso que se hizo del dinero que el Instituto recaudó de instituciones públicas.
 Aparte de la vergüenza y menoscabo de honor para la Casa Real, lo fundamental en este caso es el fortalecimiento de la institucionalidad política y legal en España porque esa decisión de un juez demuestra que nadie, por linaje o por la razón que sea, es inmune cuando se han cometido actos reñidos con la ley y en perjuicio del erario.
 
 Paradojas de la vida, porque mientras aquí el representante diplomático de España avala que una concesión se disfrace de usufructo para burlar las leyes de fiscalización, en su Patria la justicia no es tan complaciente ni siquiera con la hija del Rey.

Minutero
Donde todo es corrupción,
bajo distintas maneras,
esas licencias mineras
no pueden ser excepción