Ignorando que el Presidente, Vicepresidente de la República y los diputados al Congreso son personas electas para representar al pueblo de Guatemala, cumplir con garantizarle a los habitantes del país la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral; es decir, buscar y obtener el logro del bien común, los organismos Ejecutivo y Legislativo, igual que en una riña callejera, se han dedicado a agredirse, ofenderse y más grave aún a no servir a los intereses comunes de los guatemaltecos.

Basta revisar las actitudes y noticias de prensa para comprobar que el Ejecutivo no ha escatimado esfuerzos para agredir y ofender al Legislativo. Ejemplos, el Presidente no se presentó a rendir el informe que anualmente debe entregar sobre su ejecución, por el contrario, en un acto palaciego, ante el cuerpo diplomático y su Gabinete, ese mismo día, explicó lo actuado durante su primer año de gobierno. Públicamente ha señalado al Congreso de ineficiente y no merecedor de ser representante de la población, ha manifestado que no realizará el censo de población, que legal y estadísticamente corresponde, para no incrementar la representatividad y número de diputados.

Al principio del segundo año legislativo, intervino para que quedara como presidente Pedro Muadi, que acompañado por una deslucida junta directiva no ha sido capaz de desentrampar los conflictos existentes en el Congreso, lo cual no es de extrañar porque obviamente Pedro Muadi no era bajo ningún concepto la persona adecuada para dirigir Legislativo.

Por último y más grave aún, ha ordenado a los Ministros miembros del Gabinete “no ir al Congreso”, hecho sobre el que dio declaraciones personalmente a todos los medios de comunicación el día 8 de julio en Casa Presidencial. Esta improcedente e ilegal orden vulnera la Constitución Política de la República y lo hace sujeto para que el Ministerio Público o cualquiera de los diputados presenten un antejuicio en contra del Presidente, por cuanto él no puede emitir semejante orden sin vulnerar los artículos 166 y 168 de la Constitución. Este último artículo: “Asistencia de ministros al Congreso”  indica: “Cuando para el efecto sean invitados los ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de los bloques y de los diputados; es por tanto un mandato y de hecho los ministros que no asistan también incurren en responsabilidades por cuanto están obedeciendo una orden ilegal como lo establece el artículo 156 de la Constitución.

El Legislativo tampoco es inocente, ha abusado del derecho de interpelación, bloqueando con ello el normal funcionamiento del Organismo Legislativo, donde una sola interpelación ha llevado más de cien días. Este improcedente conflicto no puede continuar, las organizaciones de la sociedad civil deben de impedir que continúe la degeneración y el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, la Conferencia Episcopal, la asociación de iglesias evangélicas, las universidades deben de mediar al respecto y hacerle comprender a quienes presiden e integran ambos organismos que cada día más se acercan a una situación tan negativa como la que llevó al rompimiento constitucional en el gobierno de Jorge Serrano Elías.

“No sean necios ni porfiados”, acepten y comprendan que las necesidades urgentes de seguridad, de costo de vida de la canasta alimenticia, de insuficientes empleos, de precarios y cada vez más deteriorados salarios, salarios mínimos y bonificación salarial, no pueden seguir posponiéndose.

¡Guatemala es primero!