El Organismo Ejecutivo presentó ayer la iniciativa para la emisión de bonos por Q3,500 millones pero, además, le adhirió una propuesta para aprobación de dos préstamos por US $437.2 millones -Q3,410 millones 160 mil. Esto, pese a que los técnicos de la Junta Monetaria dieron opinión favorable solo al endeudamiento interno y no contemplaron los compromisos de préstamos.
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El presidente Otto Pérez Molina dijo que el 19 de julio pasado que el Ejecutivo enviaría al Congreso la propuesta para la emisión de bonos, pero fue hasta ayer, doce días después, que la propuesta finalmente llegó a la Dirección Legislativa.
Sin embargo, además de los bonos con los que se pretende pagar la deuda flotante, el Ejecutivo incluyó en el paquete un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por US$200 millones y otro con el Banco Internacional de Desarrollo por US$237.2 millones.
La solicitud de aprobación de préstamos y bonos contradice a la opinión favorable que emitió la Junta Monetaria para la adquisición de deuda, debido a que los técnicos del Banguat analizaron la adquisición de más endeudamiento tomando en cuenta que sólo los bonos serían aprobados y no lo préstamos, aunque estos últimos ya se encontraban dentro del presupuesto 2013.
El Ejecutivo pretende contraer para este año un endeudamiento de Q 6,912.97 millones si el Congreso llegara a aprobar la iniciativa de ley 4729. Con esta adquisición de endeudamiento del gobierno del presidente Otto Pérez Molina, la deuda pública sería de Q110, 836 millones.
Si este proyecto de Ley quedara aprobado, inmediatamente se avala dicho endeudamiento, ya que la iniciativa contiene la aceptación de convenios con dichos bancos para los préstamos.
De igual manera sucede con la emisión de bonos, para los que especifica que la utilización de los bonos es para inversión, pero al mismo tiempo faculta al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) registrar “obras legalmente contratadas” con el objetivo de registrar el “avance físico y financiero” de dichos proyectos para que se pueda realizar el pago de dichos compromisos.
LEGALIZAR DEUDA FLOTANTE
De acuerdo a Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), se estarían “legalizando contratos que fueron adquiridos en gobiernos anteriores sin respaldo legal”, lo cual constituye la deuda flotante que posee el Estado.
El experto advierte que dichos contratos de obras no se deben de pagar, ya que en su momento fueron contraídos sin estar presupuestados y sin tener un respaldo financiero. Barrientos agregó que antes de pretender pagar los proyectos que adeuda el Estado, éstos deberían ser auditados por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Según Carlos Martínez, economista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, el fin de los bonos presenta una “falacia jurídica” ya que se está ocultando la verdadera intención del destino de los recursos que es para el pago de deuda “ilegalmente” adquirida.