El Organismo Ejecutivo presentó esta tarde al Congreso la iniciativa de ley 4729 que dispone, entre otras aspectos, la emisión de bonos por Q3,500 millones que se utilizarán «exclusivamente para inversión». No obstante, el Presidente ya informó que la mayor parte de esos recursos se dirigirá al pago de la deuda flotante adquirida con empresas constructoras.
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El documento deja ver la estrategia del Ministerio de Finanzas frente a la caída de la recaudación fiscal y la presión por pagar las obras de infraestructura adquiridas sin respaldo legal, que en conjunto se conocen como «deuda flotante».
La iniciativa, en primera medida, reduce en Q1,410 millones 300 mil –igual monto en que se estima la caída de la recaudación– el presupuesto de 2013, que fue aprobado con Q66 mil 985 millones 437,187.
De aprobarse la ley, el plan de gastos se reduciría a Q65 mil 575 millones 137,187.
La propuesta también contempla la negociación de un financiamiento reembolsable –préstamo– con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por US$200,000,00.00 y otro financiamiento reembolsable –préstamo– US$237,200,000.00. Ambos préstamos suman Q3,410 millones 610 mil.
LA CONTRADICIÓN
Por último la propuesta contempla ampliar el presupuesto por Q3,500 millones, que se obtendrán con la emisión y negociación de bonos del tesoro que serán utilizados «exclusivamente para inversión».
Esto, a pesar de que el presidente Otto Pérez Molina dijo que solo Q1,500 millones se invertirán en infraestructura rural y los restantes Q2 mil millones se destinarán al pago de la deuda flotante.
LA ESTRATEGIA
Uno de los puntos más polémicos es el destino de los bonos; fuentes legislativas explican que el Ejecutivo pretende hacer parecer la deuda flotante como «inversión» del pasado.
Para eso, se faculta con la iniciativa al Ministro de Comunicaciones para que proceda al registro dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública y del Sistema de Gestión de las obras legalmente contratadas, lo cual permitirá liquidar dentro del Sistema de Contabilidad Integrada el compromiso de pago.
Sobre la deuda flotante, el presidente Pérez Molina reconoció recientemente que hay ilegalidades, mientras que el Ministerio Público investiga a los ex funcionarios del Ministerio de Comunicaciones que estarían implicados en la adquisición de compromisos sin respaldo presupuestario.