Al final de cada periodo fiscal, las instituciones públicas y los gobiernos se esfuerzan por demostrar que ejecutaron los presupuestos que les fueron asignados para cumplir con sus objetivos. En ocasiones pareciera una competencia entre ministros y secretarios por demostrar quién gastó más, aunque en realidad, la ejecución no es una garantía de que los fondos públicos hayan sido bien gastados.

El presupuesto del Estado para  2013 fue aprobado por el Congreso por Q66 millones 985 mil 187, pero los recursos no fueron ejecutados en su totalidad; en el año se utilizó el 90.04% de lo presupuestado y los Q431 mil 813 millones restantes se integraron al fondo común.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo cuatro, indica que “de conformidad con la ley, las instituciones que no ejecuten todo su presupuesto están obligadas a trasladar los dividendos o utilidades al Estado, correspondientes al ejercicio fiscal, el cual debe ser trasladado a la cuenta “Gobierno de la República-Fondo Común”, sin aplicar deducción alguna y sin necesidad de requerimiento.

De no hacerlo, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para que a través de la Tesorería Nacional, solicite por escrito a las entidades indicadas el traslado de ese tipo de recursos.

Los fondos de dicha cuenta están destinados a la devolución del crédito fiscal a los exportadores, pagos a municipalidades y sueldos, aguinaldos a personal que labora para el Estado y al financiamiento del pago de la deuda pública, aunque en este último existen discrepancias

El Ministerio de Finanzas y algunos analistas difieren, ya que los segundos indican que los recursos del fondo común no pueden ser utilizados para la deuda, porque se tiene una unidad programada en el presupuesto anual específica para ese rubro.

Los fondos recaudados en el ahorro de caja, como también es llamado el fondo común, no generan ningún tipo de interés y financian el gasto e inversión que el Gobierno realiza a través de las distintas instituciones.

MINISTERIOS Y SECRETARÍAS EJECUTORAS
Según el informe de Ejecución Presupuestaria 2000-2013 del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en los últimos 13 años la ejecución más baja ha sido la del gobierno de Otto Pérez Molina, ya que el promedio durante  2013 fue de 90.4%, en tanto que en 2012 fue del 96.1%.

Eso indica que en 2013 se ejecutaron un 6.3% menos que el año anterior, y el 7.3% menos que en el primer año de gobierno de Álvaro Colom.

El documento señala que pese al bajo cumplimiento del actual gobierno, éste contiene varias inconsistencias en los ministerios y secretarías. Por ejemplo, en el tema de seguridad, la peor ejecución presupuestaria se dio en 2013 por la falta de transparencia con la que se realizó el gasto.

El Ministerio de la Defensa se caracterizó por ejecutar casi un 100% de su presupuesto. Por otro lado, el Ministerio de Educación también tuvo una baja ejecución al igual que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Otros de los ministerios destacados con baja ejecución en 2013 fueron los de Relaciones Exteriores, Comunicaciones, Cultura, Agricultura, Ambiente y Desarrollo Social; este último fue creado en el gobierno actual con la finalidad de ser administrado con transparencia efectiva y eficazmente.

Sin embargo, en comparación con la ejecución presupuestaria del año anterior el GAM notó una diferencia de casi 20% menos que en el 2013.

Por el lado de las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo se notó una liquidación con un promedio del 85.6%.

En los últimos dos años del Gobierno de Álvaro Colom, la ejecución más baja fue del 81% y en los dos años de administración de Pérez Molina, la ejecución más baja se dio precisamente en el 2013 con un 69%.

No obstante, esa situación no garantiza que el Gobierno de Colom haya hecho un mejor uso de los recursos, sino que lo único que se sabe es que gasto más.

RECURSOS ASIGNADOS

El Ministerio de Finanzas Públicas indica que el Estado de Guatemala a través del Gobierno le asigna un presupuesto a los ministerios y sus distintas dependencias, las cuales financiarán las acciones del Estado para satisfacer las necesidades públicas o colectivas de la población.

Las instituciones del Estado deben establecer un límite de gasto con lo que se pretende la ejecución de programas y proyectos prioritarios que puedan realizarse de acuerdo a la cantidad de ingresos que obtenga en el periodo de un año.

Sin embargo, no todas las instituciones realizan la ejecución de sus proyectos por algunos aspectos jurídicos y falta de seguimiento en la fase técnica que requieren los expedientes, por lo que lleva a las instituciones devolver el dinero para que éste ingrese al fondo común.

Germán Velásquez, Secretario Ejecutivo de la Presidencia, explica que en el 2013 los 22 consejos departamentales de desarrollo recibieron un presupuesto de Q1 mil 293 millones 145 mil 044.34 el cual no se ejecutó en su totalidad debido a los problemas que tuvieron las unidades ejecutoras al no presentar los expedientes. Esa cartera tuvo que depositar al ahorro de caja la cantidad de Q4 millones 318 mil 342.93.

Según Velásquez, al fondo común llegan todos los saldos que le sobran a las entidades para que luego el Ejecutivo utilice el ahorro en donde crea más oportuno y haya una necesidad para compra o la implementación de algún proyecto, en algunos casos de urgencia nacional.

“CALIDAD DE GASTO”

Pero lejos de la ejecución del gasto, está el dilema de la calidad y surgen dudas sobre el destino de los fondos: ¿Se invirtieron los recursos en las áreas correctas? ¿Se manejaron los fondos con transparencia? ¿Los guatemaltecos recibieron algún beneficio de esos recursos?

De acuerdo con el Secretario, este tema requiere una de las mayores fortalezas de cualquier gobierno porque se debe trabajar para devolver a los guatemaltecos los buenos recursos y así pueda haber una buena calidad de gasto.

“Un gasto público de calidad necesita una buena gestión eficiente y efectiva que permita utilizar los recursos del Estado y sobre todo que estén disponibles en la mejor manera posible y que reflejen los resultados que el gobierno necesita en este caso”, indica Germán Velásquez.

Para tener una buena calidad en el gasto público es necesario hacer una buena implementación de los recursos y para ello se requiere de algunos mecanismos a modo de que se logre el objetivo de la calidad.

Además se requieren suficientes recursos financieros para toda la parte técnica y administrativa para que los mecanismos ayuden a mejorar la calidad de gasto.

Por otro lado, el analista Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indica que para tener una buena calidad de gasto es necesario tener en cuenta varios aspectos, incluidas la observancia de normas de transparencia para que sea utilizado de una manera adecuada, la pertinencia del gasto para ejecutar los programas en lo que se tiene previsto observando los criterios de transparencia y utilizando apoliticidad, además de la calidad de bienes.

No obstante, actualmente no se ha aprobado la mitad de leyes de transparencia que el Gobierno prometió desde el 2012, tampoco hay una herramienta para conocer el destino de los recursos con claridad y por último, se sabe que hay fuertes vínculos entre los programas del Ejecutivo y las perspectivas políticas del oficialismo.

Karla Campos, del GAM, expresa que la baja o alta ejecución del presupuesto no garantiza la transparencia con que se efectúe el desembolso de los recursos, y por eso considera el factor como un atenuante que se debe agregar a la falta de resultados y conclusión de metas en la gestión gubernamental.

Durante los últimos 13 años, los gobiernos no han garantizado los compromisos con la transparencia, siendo este un factor común entre quienes han gobernado Guatemala; según el GAM el administrar un gobierno debería ser ejemplo de transparencia.

Por ello es que durante más de una década la ejecución presupuestaria no se ha orientado a las necesidades de la población y por ende a cumplir con el desarrollo de las comunidades, por la falta de transparencia en el gasto.

Los consultados consideran que a pesar de que se tienen herramientas para medir la ejecución presupuestaria, los guatemaltecos aún están faltos de mecanismos para asegurar la calidad del gasto y que les den confianza de que sus impuestos van a ayudar a la sociedad.