El reciente comunicado de prensa donde el Gobierno anunció la suspensión de la operación de extracción de oro y plata en la mina Marlin, localizada en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, debe ser una acción inmediata, por cuanto la suspensión es el producto de «medidas cautelares a favor de los miembros de 18 comunidades que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar que las únicas fuentes de agua para consumo y actividades de subsistencia con que cuentan dichas comunidades, no tengan efectos nocivos sobre la salud».
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La empresa propietaria de la mina Gold Corp/Montana Exploradora de Guatemala S.A., no debe pretender continuar operando hasta que no satisfaga los criterios, tanto de la CIDH como del Gobierno y la sociedad civil. Las medidas no pueden ser sujetas más que al inmediato cumplimiento, de lo contrario no serían medidas cautelares, ya que implicarían que el posible daño se mantendría a base de acciones jurídico-procesales, de relaciones públicas o de lobbismo.
Todo juzgador sabe, los guatemaltecos no son la excepción, que al decretar medidas cautelares se hace previendo daños irreparables. En este caso, lo que se pretende es salvaguardar la vida y la salud de los miles de habitantes que integran las 18 comunidades que recurrieron y obtuvieron ante la CIDH esas medidas. El Gobierno es sólo el ejecutor de una resolución que la comisión emitió el 20 de mayo de 2010.
En cuanto a las normas legales que deben regir, por qué el Congreso no emula a Chile. La minería en ese país, hace 50 años, se encontraba mayoritariamente en manos de empresas extranjeras privadas, que extraían el cobre y no hablaban de los metales preciosos que simultáneamente obtenían. Por ello fue que el presidente Eduardo Frei Montalva, en un gobierno previo a Salvador Allende, nacionalizó las principales minas, creando Codelco y con ello el mayor ingreso que el Estado de ese país recibe, recursos que le han permitido financiar en buena parte la educación, la salud, el desarrollo y la estabilidad de la que goza; inclusive, le ha evitado en parte sufrir las consecuencias de la crisis que actualmente afecta al mundo.
Cualquier contrato, cualquier concesión que de buena fe se haya otorgado por los distintos y sucesivos gobiernos de Guatemala, no significa que no puedan ser revisados, modificados y adaptados para que el agua y el medio ambiente sean preservados. Además, para que el Estado que administra los recursos propiedad de todos los guatemaltecos, como son los minerales, perciba por dichos minerales, un beneficio y un ingreso justo y adecuado. No es lo mismo haber dado una concesión cuando el oro en el mercado internacional valía de US$300 a US$500 la onza troy que ahora vale de US$1,000 a US$1,5000.
Claro está que los pocos guatemaltecos que están contratados por esas empresas y sus relacionistas (públicos y disfrazados), por unos pocos dólares, continuarán sirviendo a quienes les pagan, pero no es posible que por unas pocas personas, miles de guatemaltecos sean envenados y millones de millones sean perjudicados al no recibir el Estado lo que como mínimo deberían ser las regalías y/o los impuestos que se percibieran por la extracción de bienes que una vez extraídos no tendremos más.Â