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Las reglas del juego no resultan claras para algunos diputados de oposición -que a pesar de aprobar las polí­ticas sociales del Gobierno-, tienen dudas con respecto a la intención y los resultados reales del programa de transferencias monetarias condicionadas: Mi Familia Progresa.

Mientras que para la primera dama y presidenta del Consejo de Cohesión Social, Sandra Torres, el resultado de Mi Familia Progresa es óptimo, la mayorí­a de bancadas de oposición en el Congreso no tienen certeza de cuál es el impacto de la iniciativa, y algunas hasta aseguran que «es una farsa».

De la misma manera, analistas y algunos miembros del Ejecutivo que prefieren no ser citados, dicen que el beneficio social de las transferencias es una incógnita que todaví­a no tiene respuesta.

Una de las razones de la desconfianza de los congresistas es que el Ejecutivo utiliza el programa como uno de sus principales estandartes para la publicidad gubernamental.

Además, en los discursos -tanto internacionales como nacionales- del Presidente y su esposa nunca faltan elogios para Mi Familia Progresa, al tiempo que evocan los esfuerzos polí­ticos que realizaron en la campaña electoral para ganar votos.

FISCALIZACIí“N

¿Progresa mi familia? -Sí­, responde la diputada Nineth Montenegro. -«La pregunta es ¿a qué precio».

Montenegro reconoce que el modelo de transferencias monetaria de Mi Familia Progresa ha tenido éxito en otros paí­ses, y similares resultados se podrí­an dar en Guatemala, sin embargo, todaví­a no se desarrollan métodos de fiscalización para ese proyecto.

«La falta de instrumentos de fiscalización hacen complicada o imposible la labor de verificar que la ayuda económica llegue a los más necesitados», sostiene la parlamentaria.

La única posibilidad de la diputada de Encuentro por Guatemala es contar con los datos completos de todos los beneficiarios, y con esa información efectuar un estudio para comprobar los impactos en el desarrollo humano de la entrega condicionada de Q300 al mes.

Sin embargo, Cohesión Social se niega entregar los datos completos de los beneficiarios a los entes fiscalizadores, hasta que no se consulte a los receptores de las transferencias, si están de acuerdo con ofrecer su información.

Edgar Rosales, portavoz del Consejo refiere que en julio próximo «se procederí­a a entregar la información desclasificada a los fiscalizadores». «Solo la autorizada», resalta.

INSTITUCIONALIDAD

Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH), constató que en Brasil, existen consensos técnicos y académicos sobre las transferencias condicionadas. «Son efectivas y coadyuvan a las grandes estrategias de erradicación de la pobreza».

«Sin embargo, sus grandes crí­ticas en todos los paí­ses de América Latina -en donde se implementan- están en torno a que son programas que pueden prestarse a la malversación de fondos o clientelismo polí­tico».

El llamado reiterado al Gobierno es alejarse de cualquier posibilidad del clientelismo polí­tico y mal manejo de fondos, dice Santos, aunque también insiste en que la publicación de la información de los beneficiarios «podrí­a vulnerar la dignidad de esas personas».

La apuesta de Brasil en materia de transferencias monetarias se encuentra en la institucionalización del programa a través del Ministerio de Desarrollo Social y Lucha Contra el Hambre.

Para garantizar que la ayuda económica no dependa de un partido polí­tico en el Gobierno, la institucionalización de los programas es necesaria, al tiempo que permite implementar mejores estrategias de fiscalización, sostiene Santos. «La gente pobre no sólo lo merece, también lo necesita».