EEUU: nuevo golpe al secretario de justicia


Visita. El Fiscal General de EE.UU., Alberto Gonzales, durante su última comparecencia en el Capitolio.

Legisladores demócratas pidieron el jueves una investigación por perjurio contra el secretario de Justicia estadounidense Alberto Gonzales, mientras el Senado se embarcaba en una disputa legal citando al principal estratega polí­tico del presidente George W. Bush, Karl Rove.


Un grupo de senadores demócratas solicitaron al fiscal general Paul Clement que abra una investigación por perjurio sobre el testimonio de Gonzales en una audiencia del Senado, luego de que el director del FBI Robert Mueller contradijera un elemento de su testimonio.

«El Secretario de Justicia hizo un juramento para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad», dijo el senador demócrata Chuck Schumer. «En cambio dijo medias verdades, verdades parciales y todo menos la verdad y lo hizo no sólo una vez, ni dos, una y otra vez», agregó.

En el centro de la discusión está una reunión en marzo de 2004 entre los asesores de la Casa Blanca y legisladores con el entonces secretario de Justicia John Ashcroft cuando Gonzales era una autoridad en la Casa Blanca.

Gonzales sostiene que la reunión giró en torno a «actividades de inteligencia» que estaban bajo disputa legal y no sobre el controvertido plan de escuchas ilegales, una medida antiterrorista que ha sido muy criticada.

Pero el director del FBI aparentemente contradice la afirmación de Gonzales diciendo que se trató de una discusión sobre un programa de la Agencia Nacional de Seguridad «que ha sido muy discutido», refiriéndose a las grabaciones ilegales.

Además, el Comité Judicial del Senado citó a prestar testimonio a Rove y al segundo director polí­tico de la Casa Blanca Scott Jennings, por el despido de fiscales que los crí­ticos de Bush sostienen fueron motivados por razones polí­ticas.

La citación a Rove llega un dí­a después de que el Comité Judicial de la Cámara Baja acusara de desacato al jefe de personal de la Casa Blanca Joshua Bolten y a la ex consejera presidencial Harriet Miers, luego de que ambos ignoraran llamados a declarar.

Bush invocó el «privilegio ejecutivo» para bloquear los testimonios, una doctrina legal que argumenta que el presidente puede negarse a entregar documentos y testimonios solicitados por otro poder si considera que la información debe permanecer confidencial.

Por su parte la Casa Blanca, acusó a los demócratas de usar la disputa para obtener réditos polí­ticos. «Cada dí­a este Congreso se pone un poco más fuera de control – un nuevo llamado para un fiscal especial, una nueva investigación comienza, lanza una nueva citación, un voto de desacato sin precedentes, una vieja cuenta pendiente de alguna manera», dijo el subdirector de la Secretarí­a de Prensa Tony Fratto.

La Casa Blanca ha hecho varios ofrecimientos para que autoridades declaren en los comités pero no bajo juramento. Los demócratas se han opuesto argumentando que no confí­an que digan la verdad sobre los fiscales despedidos.

«Es obvio que la razón dada para los despidos de aquellos fiscales era un artificio para el encubrimiento y que el bloqueo de la Casa Blanca es parte del mismo esfuerzo», dijo el jefe del Comité Judicial Patrick Leahy.

«Nunca, desde los dí­as más oscuros de la administración Nixon, hemos visto esfuerzos para corromper el cumplimiento de la ley federal para obtener ganancias partidarias y tales esfuerzos para evitar la responsabilidad», dijo refiriéndose al escándalo Watergate que obligó a Nixon a renunciar.

Pero para el más prestigioso republicano del comité, Arlen Specter el examen sobre Gonzales estaba llegando demasiado lejos.

«El Secretario de Justicia hizo un juramento para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En cambio dijo medias verdades, verdades parciales y todo menos la verdad y lo hizo no sólo una vez, ni dos, una y otra vez.»

Chuck Schumer, senador demócrata.