El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó un informe sobre la práctica de derechos humanos, en ese sentido señaló que el sistema judicial guatemalteco ha fallado en entregar juicios justos u oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción, la falta de personal y la intimidación de jueces, fiscales y testigos.

Según el documento, jueces, fiscales, demandantes y testigos continuaron denunciando amenazas, intimidación y vigilancia, en su mayoría de parte de las organizaciones de tráfico de drogas, lo que impide un poder judicial independiente.

En los datos que arroja la publicación se lee que durante el año 2012, la fiscalía especial para delitos contra los trabajadores judiciales recibió 145 denuncias de amenazas o agresiones contra los trabajadores de la rama judicial, en comparación con 243 en 2011.

Por otro lado, también refieren que la Corte Suprema de Justicia siguió buscando la suspensión de jueces y realizar las investigaciones criminales por impropiedades o irregularidades en casos bajo su jurisdicción. En ese sentido, la Unidad de Disciplina Judicial investigó 947 denuncias de irregularidades.