Casi cuatro años después de que Venezuela sancionó una ley para prohibirle a Estados Unidos financiar grupos que suelen criticar al gobierno socialista, estas organizaciones siguen recibiendo millones de dólares, según reveló un análisis de la Associated Press.
CARACAS / Agencia AP
El Departamento de Estado y el Fondo Nacional por la Democracia, una organización sin fines de lucro financiada por el gobierno, enviaron alrededor de 7,6 millones de dólares a organizaciones venezolanas el año pasado, de acuerdo con documentos públicos revisados por la AP.
La cifra fue un 15% mayor a la autorizada en 2009. Al año siguiente, el entonces presidente Hugo Chávez hizo aprobar por la Asamblea Nacional la prohibición de que esos grupos reciban fondos de Estados Unidos en nombre de la protección de la soberanía nacional.
En Washington, el Senado tiene en estudio una proyecto de ley para elevar la ayuda del Departamento de Estado a los grupos partidarios de la democracia en Venezuela de los actuales 5 millones de dólares a 15 millones como parte del endurecimiento de la política frente a Venezuela desde que el actual presidente Nicolás Maduro reprimió las protestas contra el gobierno.
No está claro si el gobierno ha sido incapaz de aplicar la ley sobre los fondos o simplemente no le interesa. La ley de 2010 castiga a los infractores con multas del doble del dinero recibido y les prohíbe ejercer cargos públicos. Los extranjeros en Venezuela que dan esa clase de ayuda pueden ser deportados.
Marino Alvarado, director del grupo defensor de los derechos humanos Provea, dijo que el objetivo de la ley es transmitir un mensaje antiimperialista, pero políticamente es imposible de aplicar. Venezuela, que da ayuda a distintos grupos en la región e incluso Estados Unidos, podría ser acusada de hipocresía si tomara la medida extrema de declarar ilegales a las organizaciones que reciben ayuda extranjera.
Durante ocho años, el gobierno de Chávez proveyó combustible de calefacción a familias de 25 estados durante los meses de invierno, según Citgo Corp., una subsidiaria estadounidense de la petrolera venezolana. Caracas sustenta la débil economía cubana con petróleo a bajo precio por un valor estimado de 3.500 millones de dólares anuales. También provee de petróleo y gas a precios preferenciales a Nicaragua, Bolivia, República Dominicana y otros países.
«El gobierno queda entrampado», dijo Alvarado.
A pesar de la ley, muchos grupos siguen aceptando fondos de Estados Unidos, pero la prohibición acentúa la sensación de vulnerabilidad, dijo Luisa Torrealba, coordinadora del Instituto Prensa y Sociedad, que vigila la intromisión del gobierno en la prensa y recibe fondos de Estados Unidos.
«La situación nos vuelve a todos temerosos y a veces pienso en otros caminos que pudiera haber seguido», dijo Torrealba. «Pero el trabajo es tremendamente importante. Es vital que documentemos todo lo que sucede para que el mundo lo sepa».
Desde hace mucho Estados Unidos usa la ayuda internacional para promover la libertad de palabra, los mercados libres y otros valores mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y sus instituciones. El Fondo Nacional de la Democracia (NED por sus siglas en inglés) omite los nombres de los destinatarios venezolanos de sus informes anuales y desde 2010 el Departamento de Estado no identifica públicamente a los grupos venezolanos que reciben fondos.
La vocera del NED Jane Riley dijo que la agencia oculta los nombres de los destinatarios debido al «clima de intimidación severa, que incluye amenazas de violencia física, campañas de odio en los medios estatales y represalias legales».
La Asamblea Nacional venezolana aprobó la prohibición de recibir ayuda del exterior al revelarse que el NED había financiado al grupo Súmate, que en 2004 había organizado sin éxito una campaña para revocar el mandato de Chávez.
Uno de los fundadores de Súmate es María Corina Machado, una dirigente opositora despojada de sus fueros como congresista y actualmente líder de protestas contra el gobierno. Este la ha acusado de participar de un complot para asesinar a Maduro, algo que ella niega.
En Venezuela hay señales de que el gobierno tomaría medidas para detener el flujo de dólares. En una conferencia de prensa meses atrás, Maduro mencionó a Súmate y dijo «Aquí hay una ley muy severa, que hay que reactivar. Vamos a reactivar las leyes severas que hay, que no permiten y no deben permitir el financiamiento externo». En una columna de opinión en el diario New York Times, expresó su preocupación por los millones de dólares que asigna Estados Unidos a la oposición.
A medida que continúa la financiación, las relaciones bilaterales se han deteriorado, y Maduro con frecuencia habla de relaciones entre la ayuda estadounidenses y las violentas protestas antigubernamentales que cobraron al menos 43 vidas en meses anteriores. Los dos países no tienen embajadores desde 2010, cuando Chávez rechazó al enviado estadounidense.
A pesar de los ataques y amenazas de represalias, muchas organizaciones siguen aceptando los fondos estadounidenses.
Carlos Correa, cuyo grupo Espacio Público vigila los ataques policiales a las protestas y alienta la libertad de expresión, reconoce que ha recibido fondos, pero se niega a aclarar si provienen del gobierno o grupos privados. Cuando se debatía la ley de prohibición de 2010, aparecieron caricaturas que lo mostraban con una maleta llena de dólares.
CEDICE Libertad, una institución de estudios sobre el mercado, recibe fondos del NED canalizados a través del Centro para la Empresa Privada Internacional, con sede en Washington.
Otras organizaciones políticas han optado por no correr el riesgo de recibir ayuda estadounidense. Liderazgo y Visión, una organización con sede en Caracas que aspira a educar a una nueva generación de líderes democráticos, recibió su último subsidio del NED en 2010, dijo la portavoz Naibet Soto.
Otros gobiernos izquierdistas latinoamericanos también se oponen a la ayuda financiera de Estados Unidos a grupos de la sociedad civil.
El año pasado, Bolivia expulsó a la Agencia para la Ayuda Internacional (USAID), acusándola de tratar de socavar el gobierno. Recientemente, Ecuador prohibió a USAID financiar proyectos en el país. Y últimamente, las revelaciones de que Washington montó una red social similar a Twitter en Cuba para socavar el apoyo a La Habana generaron nuevas sospechas sobre la ayuda financiera estadounidense.
Las tensiones crecientes agudizan los temores de los activistas que reciben fondos de Estados Unidos. Torrealba ve escasas alternativas. Los donantes locales consideran que organizaciones como la suya son demasiado políticas, y existen escasas alternativas institucionales.
«No hay Rockefellers en Venezuela», aseguró.
Un auditor interno de la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense investiga si el programa del gobierno que creó un «Twitter cubano» tuvo la supervisión adecuada.
El servicio, conocido como ZunZuneo, tenía por objeto pasar por alto las restricciones de internet en la isla y socavar al gobierno.
La agencia estadounidense, conocida como USAID, ha sido objeto de críticas por usar el programa para enviar mensajes abiertamente políticos y por no informar plenamente al Congreso sobre el alcance de su trabajo allí.
La pesquisa del inspector general se produce luego de una investigación de The Associated Press que en abril reveló la existencia de ZunZuneo. Ese informe encontró que contratistas de USAID desplegaron el servicio de mensajes de texto ocultando fuentes de dinero de los contribuyentes y que nunca le informaron a los suscriptores que contaba con el respaldo del gobierno estadounidense, o que recopilaba datos privados del usuario con fines políticos.
El inspector general de la USAID confirmó el jueves que se estaba centrando en el programa de Twitter cubano y que examina si hubo controles adecuados, incluyendo la debida supervisión de ZunZuneo. Dijo que planea publicar sus hallazgos cuando complete la revisión. Los inspectores generales actúan como auditores dentro de las agencias federales.
El gobierno de Obama ha dicho que ZunZuneo no era un programa encubierto, sino «discreto», y que sirvió a un propósito importante, no político, al ayudar a que la información fluyera más libremente hasta los cubanos. Sin embargo, la AP encontró casos en los que los organizadores redactaron o enviaron mensajes con una fuerte carga política, lo que el Departamento de Estado dijo que sería «preocupante» de llegar a confirmarse.
En abril, la comisión de Relaciones Exteriores del Senado pidió a USAID entregar todos los registros sobre el programa secreto del Twitter cubano como parte de un examen más amplio de los esfuerzos del organismo con la sociedad civil en todo el mundo.
Por su parte, el senador Patrick Leahy, presidente de la subcomisión de asignaciones para operaciones en el extranjero del Senado, también pidió detalles sobre el programa. Su oficina dijo el jueves que la USAID no ha entregado la información todavía, un retraso que el congresista demócrata calificó como «inaceptable».
Dichas solicitudes se produjeron tras una serie de audiencias en el Congreso, durante las cuales los legisladores debatieron si la USAID —más conocida por sus esfuerzos humanitarios— debería ejecutar una misión de ese tipo en lugar de las agencias de espionaje como la CIA. No está claro si la investigación del inspector general se centrará en si la USAID podría haber violado las leyes federales, o en si realizó una operación encubierta.
Los organizadores del ZunZuneo querían que la red social creciera lentamente para evitar que el gobierno cubano la detectara. Tenían la esperanza de que la red alcanzaría una masa crítica para que los disidentes pudieran organizar «multitudes inteligentes», o «smart mobs» en inglés, como se conoce a las reuniones masivas convocadas en cualquier momento, que a su vez pudieran desencadenar manifestaciones políticas, o «renegociar el equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad». En su apogeo, ZunZuneo atrajo a más de 68.000 cubanos, de acuerdo con USAID, antes de que desapareciera misteriosamente en 2012.
La USAID dijo que ha entregado todos los mensajes de orientación política de ZunZuneo a los investigadores del Congreso.
La agencia lanzó públicamente ZunZuneo poco después de la detención del contratista estadounidense Alan Gross en Cuba en 2009. Gross permanece encarcelado después de viajar varias veces al país en otra misión independiente y clandestina de la USAID para ampliar el acceso a internet mediante tecnología que sólo utilizan los gobiernos.
El administrador de la USAID Rajiv Shah ha dicho públicamente que el programa se realizó de conformidad con la ley estadounidense y la supervisión del Congreso.