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Todo acabó en un instante para Jeff Hall, pero la suerte de su abrumado hijo ha sido un recorrido de dos años y medio que se acerca a su final hoy en una audiencia para determinar dónde pasará su adolescencia y probablemente los primeros años de su vida adulta.

El juez del caso, que se ventila en un tribunal del Condado Riverside, debe decidir no cómo castigar a un niño por asesinato en segundo grado, sino cómo rehabilitar a un menor que creció en un entorno de abuso, atacaba a sus maestros de escuela primaria y fue adoctrinado en las creencias de la supremacía blanca.

Los abogados han batallado durante meses qué es mejor para el menor.

El niño está en el centro de detención de menores del condado desde la muerte de su padre pero estuvo tres meses en un centro estatal, donde fue evaluado para determinar dónde era más conveniente ubicarlo. Se espera que varios funcionarios estatales declaren en la audiencia.

Mientras tanto, el menor que garabateaba en una libreta y parecía aburrido durante el juicio, mientras los fiscales presentaban fotos del cadáver ensangrentado de su padre, es ahora un adolescente larguirucho más concentrado que nunca.

Asiste a clases, se somete regularmente a sicoterapia y ha logrado avanzar en el control de los violentos arrebatos que provocaron que lo expulsaran de casi todas las escuelas. Con el tiempo, incluso se ha ganado el afecto del fiscal que logró que lo condenaran.

«Me he ido acercando a él de una forma extraña. Disfruto de verlo crecer y cambiar, pero estoy convencido de que le ha ido mucho mejor en un entorno carcelario cuasi militar», dijo Michael Soccio, fiscal adjunto de distrito del Condado Riverside. «Parece gustarle, conoce las reglas, lo que se espera de él y lo tratan dignamente».

Por eso es que Soccio cree que al menor, que ahora tiene 13 años, le iría mucho mejor en el sistema penal juvenil, donde iría a la escuela y viviría con otros reos de su misma edad en una instalación de alta seguridad, posiblemente hasta los 23 años.

Pero los abogados defensores dicen que el menor tiene discapacidades emocionales graves y que el estado no tiene condiciones para manejarlas. Por eso quieren verlo en un centro residencial de tratamiento, donde la seguridad es menor y la terapia más intensa.

Punam Patel Grewal, abogada del niño, indicó que también correría peligro en una instalación estatal por las creencias neonazis de su padre.

«Es un lugar muy peligroso para él, es muy vulnerable», agregó. «Cuando salga a los 23 años, tendremos un enorme problema».