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Días después, un compungido Terry, representante por Nebraska, cambió de opinión y dijo al periódico Omaha World-Herald que se sentía «avergonzado» de sus comentarios y haría que su salario fuera retenido hasta que los empleados gubernamentales con licencia vuelvan a recibir su paga.

El cambio de opinión azuzó el interés de un potencial contrincante y generó titulares que cualquier miembro del Congreso preferiría no ver: «Terry lamenta haber puesto sus necesidades por encima de las de otros».

A medida que el cierre gubernamental se alarga, el tema de si los legisladores cobran su salario o no ha creado una incómoda situación para muchos de ellos que sostienen a sus familias con lo que el gobierno les da. Con cientos de miles de empleados federales suspendidos en sus funciones, cualquier miembro del Congreso que cobre su salario corre el riesgo de ser acusado de no estar en contacto con la realidad mientras el gobierno cierra instalaciones y reduce servicios.

«Uno queda atrapado entre las necesidades de su familia y la necesidad de ser reelegido», dijo el representante demócrata Vic Fazio, que ocupó el cargo durante los cierres del gobierno en la década de 1990.

Al tanto de los peligros políticos potenciales, decenas de legisladores han hecho arreglos para hacer que no se les pague su salario, lo donaron a obras de caridad o lo devolvieron al Departamento del Tesoro.

La Constitución les prohíbe a los legisladores retener sus salarios; sólo pueden votar en torno a la paga de futuros congresistas. Pero los miembros de las cámaras pueden solicitar que la oficina del director administrativo retrase su salario hasta que el gobierno reabra sus actividades.

Los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado figuran entre los funcionarios gubernamentales mejor pagados, con un sueldo de 174 mil dólares al año. Los líderes del Congreso reciben unos 20 mil dólares anuales más.

Eso representa un costo total para los contribuyentes de más de 258.000 dólares al día mientras el gobierno permanece cerrado y centenares de miles de empleados federales ven retrasados sus cheques.

Los requisitos constitucionales y las necesidades personales han creado problemas políticos a varios legisladores.

En los primeros días del cierre, los demócratas difundieron un anuncio en el que criticaban al representante republicano Steve Southerland, que representa a un distrito lleno de militares jubilados y empleados gubernamentales cerca de Tallahassee, en la Florida.

Southerland, director de una empresa funeraria, dijo en una sesión de preguntas y respuestas en agosto del 2011 que su salario legislativo «no era tanto» si se tomaba en cuenta que había tenido que suspender las relaciones con el negocio de su familia. El Comité de Acción Política (PAC por sus siglas en inglés) de la Cámara de Representantes, una entidad independiente que respalda a los demócratas, colocó los comentarios de Southerland en anuncios de televisión, medida que podría servir de respaldo a la candidata demócrata Gwen Graham, hija del ex senador demócrata Bob Graham.

La republicana Renee Ellmers, representante por Carolina del Norte, dijo a la estación de televisión WTVD-TV, en Raleigh, que seguirá cobrando su salario porque «necesito mi cheque. Punto».

Ellmers, cuyo estado cuenta con un gran sector de población militar, mantuvo esa posición durante dos días pero a la postre cambio de parecer al verse presionada por los medios de comunicación locales.