Guatemala padece de múltiples problemas económicos y sociales, que empiezan desde la pobreza y pobreza extrema, hasta llegar a la insatisfacción de derechos fundamentales para que las personas puedan vivir en dignidad, tales como la seguridad, la salud y la asistencia social. Estos derechos de prioridad fundamental dejan paso a que otros de suma importancia, como la educación, sean dejados en un segundo plano, olvidando que sin ésta, las posibilidades de un desarrollo efectivo e integral, disminuyen.
En los últimos 10 años, sin embargo, ha existido una inversión en educación pública que ha sido traducida en el presupuesto de ingresos del Estado. Este aumento conseguido, bajo la política de alcanzar a cubrir una población necesitada de una herramienta de trabajo, proviene originalmente de un mandato contenido en los Acuerdos de Paz, y en la presión internacional que ejercen organismos multilaterales que velan por los derechos humanos. Educar, entonces, se ha visto como un derecho que la población puede alcanzar, para trazar su propio destino; y en conjugación con una oferta laboral adecuada, permita una mejora económica de cada persona y de su familia.
Lamentablemente, conocer la realidad del país en materia de educación, en áreas rurales principalmente, pero urbana también, denota que ese presupuesto no ha sido suficiente o no ha sido bien utilizado por los distintos gobiernos, pues a pesar de los esfuerzos realizados, se siguen encontrando centros de estudios sin agua, aulas sin pupitres y escuelas sin maestros. Y aunque cada Presidente y Ministro explique las grandes acciones emprendidas y la voluntad política de llegar a cubrir con calidad la educación, al menos primaria, los resultados están a la vista, y cada vez más los índices de pobreza y delincuencia aumentan, lo que refleja una condición indirecta de la falta de educación y oportunidades de Guatemala.
Y cuando efectivamente, en los casos en que sí es posible contar con lo mínimo de esas condiciones, los niños no siempre encuentran maestros y maestras motivadas o capaces para hacer bien su labor. El perfil del docente y su proceso de capacitación o reeducación, luego de haber obtenido el título, es casi inexistente; algo que el Ministerio sabe pero reconoce no poder cumplir, por supuesto, por razones de índole presupuestaria. Y preocupa de verdad, que existan manipulaciones masivas de parte de líderes magisteriales, que a razón de una lucha justa para reivindicar derechos laborales, olviden los esfuerzos y la mística que identifica al maestro. No hay reclamos de inversión en escuelas, sino de aumentos salariales. No hay búsqueda de acciones para profesionalizar su trabajo, sino atrasos en el inicio del ciclo escolar. Y los gobiernos, cómplices completos. Por estas y otras razones más, padres de familia cada día encuentran mecanismos de gasto y deuda para que sus hijos estudien en centros educativos privados, esperanzados en que cuenten con una educación de más de calidad, sin saber que esta realidad no está muy alejada de la otra.
Los absolutos siempre engañan, por ello hay que dar gracias a Dios por aquellos docentes que tienen y no han perdido esa vocación tan especial de enseñar a otros. Guatemala necesita de ellos. De quienes enseñan porque les gusta, porque aprenden cada día de los niños y niñas que viven y crecen en el país. Porque saben que la vida de cada persona será mejor si aprenden correctamente lo mínimo para introducirse a la sociedad y alcanzar una oportunidad. Porque sin ellos, el futuro se vislumbra más sombrío y el trayecto más largo.