El sistema educativo en Guatemala (nacional y privado) sigue en la perenne manifestación de la INEFICIENCIA e IGNORANCIA; lo cual afecta de manera directa a l@s alumn@s, maestr@s, profesor@s, director@s y en especial a los padres y madres del sector estudiantil.
Lo anterior deriva de la poca y casi nula capacidad de conocimiento jurídico administrativo de las personas que ejecutan labores de secretaría y dirección de centros educativos, nacionales y de la iniciativa privada.
En dichas labores es menester conocer los principios elementales de la administración pública relacionada con el proceso educativo; es sine qua non conocer la legislación educativa para su aplicación en la resolución de los problemas. SIN EMBARGO, en la mayoría de planteles educativos, quienes ejercen labores administrativas de secretaría, adolecen de criterio legal y en base a ello cometen una serie de errores que después son muy difíciles de enmendar.
En las escuelas primarias, institutos básicos y diversificados, oficiales y particulares l@s director@s desconocen la legislación educativa y actúan de acuerdo a su lógica natural en la resolución de problemas; creen que por ser maestr@s tienen el suficiente conocimiento para resolver problemas administrativos; pero en realidad son ignorantes de cómo hacerlo.
EN TODO EL PAíS, se ha venido cometiendo errores garrafales en la expedición de DIPLOMAS, TíTULOS y CONSTANCIAS DE CURSOS LIBRES pues al redactarlos no cumplen con los lineamientos que exige la normativa emitida por el Ministerio de Educación (consignación de nombres, errores ortográficos, omisión de nombres de autoridades que expiden los documentos; error en fechas de expedición y otros); lo que a la postre resulta en problemas, retrasos y trámites notariales de los afectados, lesionando su peculio sin que haya motivo para ello.
La falta de í‰TICA de l@s supervisor@s salta a la vista con las actitudes y conductas ilícitas, manipulación y apañamiento que favorecen de manera descarada sus intereses particulares y en la mayoría de casos beneficiando a los planteles educativos de los maestr@s y amig@s que son sus protegid@s. Igual sucede con las órdenes administrativas de las autoridades del Ministerio de Educación (Instituto 1 de julio de 1823), en cuanto que autorizan traslados de docentes que han cometido delitos perseguibles de oficio (abusos y violaciones sexuales) a otros centros educativos sin tomar las acciones legales correspondientes.
En pocas palabras, el sistema educativo nacional sigue en su eterno marasmo y las autoridades haciéndose de la «vista gorda», como buenos exponentes del liberalismo: «dejar hacer, dejar pasar». «NO HAGAN OLAS».