Casi treinta años para empezar a construir una autopista, más de seis para modernizar un aeropuerto que amenaza con quedar empantanado: Costa Rica sufre para sacar adelante grandes obras de infraestructura, debido, según muchos inversores, a una maraña legislativa difícil de interpretar.
Pese a que debía estar terminadas hace más de tres años, las obras de modernización del aeropuerto internacional de San José, la vitrina de un país que es visitado cada año por más de millón y medio de turistas, siguen empantanadas.
La empresa constructora, Alterra Partners, alega que no tiene dinero para continuar las obras, ya que el gobierno costarricense no le ha permitido «adecuar las tarifas desde hace cinco años» y el ejecutivo acusa a la empresa de incumplir el contrato firmado.
El ministerio de Obras Públicas dio un plazo de 60 días a la empresa para resolver el problema porque de lo contrario, el gobierno asumiría la administración de la terminal aérea, antes de entregarla a un nuevo operador privado.
«Pareciera que nuestro país da un mensaje al mundo de que lo que busca son donantes, en lugar de inversionistas», alega la empresa en un comunicado.
Alterra no es la única empresa con problemas para cuadrar sus cuentas. La española Riteve, que se encarga del control técnico de vehículos, también ha reclamado actualizar las tarifas vigentes desde hace diez años, a lo que se ha opuesto el gobierno.
Fernando Mayorga, gerente general de la empresa española, aseguró que pese a que este gobierno ha dado «muchísima seguridad» en materia jurídica para los inversores extranjeros, todavía «falta un mecanismo para reajustar las tarifas».
Treinta años ha tardado en concretarse la construcción de la autopista que unirá la capital con Caldera, el mayor puerto en el Pacífico costarricense.
Antes de que la actual concesionaria, la también española Autopistas del Sol, empezara a construirla tras más de dos años de negociaciones para que le aceptaran una subida en el presupuesto, otro consorcio argentino-canadiense desistió, aburrido al término de seis años de trámites infructuosos.
Cuatro años lleva en gestarse el proyecto «Frontera a Frontera» para dotar al país de una red de fibra óptica y pese a que tenía previsto empezar en este primer trimestre, nadie sabe todavía cuándo se hará.
Estos son sólo algunos ejemplos de una realidad que se topa con una administración dispersa y lenta, pese a que a principios del pasado año entró en vigor la Ley de Contratación Administrativa que pretendía reducir las trabas burocráticas.
Hay un gran número de instituciones involucradas que tienen que dar su visto bueno a un proyecto, que en general no están coordinadas, sin contar con el celo de unos funcionarios que a menudo consideran que la empresa privada es sinónimo de corrupción, son a menudo causas de los atrasos en las contrataciones, señalan las fuentes consultadas.
Tres ex presidentes han sido acusados de corrupción en este país presentado como modelo de democracia.
Los inversores extranjeros, en definitiva, se enfrentan a un «aparato poco desarrollado y bastante complejo en materia de trámites administrativos», resume Mayorga.
«No hay límite al límite. Debe de haber todos los controles del mundo pero ágiles», recomendó por su parte, Arturo Condo, rector de la prestigiosa escuela de negocios INCAE.