Economí­a y Medio Ambiente


La preservación de los recursos naturales y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se promueven dentro del Protocolo de Kyoto para evitar el calentamiento global, traen consigo diversos incentivos económicos que a criterio de analistas, podrí­an ser aprovechados para llevar el desarrollo rural a las zonas más pobres del paí­s.

Javier Estrada Tobar
lahora@lahora.com.gt

Lejos de la terminologí­a técnica y de los informes que en cientos de páginas dan detalles sobre el cambio climático, las organizaciones ambientalistas consideran que los lineamientos de los convenios internacionales sobre el medio ambiente deben llevarse a la práctica a través de polí­ticas socioambientales dictadas por el Gobierno.

Dentro de los tratados más importantes que ha suscrito el Estado guatemalteco en materia de medio ambiente se encuentra el Protocolo de Kyoto, que dicta las medidas que deben seguir los paí­ses firmantes para reducir la emisión de gases con efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global.

El dictamen favorable del Gobierno guatemalteco al convenio que manda proteger el medio ambiente y los recursos naturales no significó únicamente compromisos y obligaciones para las autoridades; además trajo consigo oportunidades para llevar el desarrollo a las comunidades pobres a través de la compra-venta de Certificados de Reducción de Emisiones (CRE) y la implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

Los CRE o «bonos de carbono» son incentivos económicos para que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas las empresas privadas, contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental reduciendo sus emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Cuando una organización evita laemisión de una tonelada de CO2 a la atmósfera -lo que representa un bono de carbono- puede ingresar al mercado de transacciones y vender su bono a uno de los paí­ses con alto nivel de desarrollo que se encuentran especificados dentro del Protocolo, y así­ obtener fondos para la sustentación de más proyectos amigables con el ambiente.

Dentro de los proyectos que pueden aplicar para este tipo de transacciones se encuentran las plantas de generación de energí­a a través de medios renovables, mejoramiento en la eficiencia energética de procesos productivos, reforestación de bosques, limpieza de rí­os, lagos y ecosistemas, entre otros.

Por otra parte, los MDL promueven los avances tecnológicos para el aprovechamiento de los recursos no renovables en la generación de energí­a. Esta iniciativa tiene como finalidad reducir la dependencia de los combustibles derivados del petróleo, ya que el crudo es una de las materias que más ha contaminado los reservorios de agua en el planeta.

Tiempo de acción

Vida Amor de Paz, directora de la Fundación del Bosque Tropical, considera que los beneficios económicos que provee el Protocolo de Kyoto por la implementación de fuentes de energí­a «limpia» y la reducción en la emisión de gases deben aprovecharse en el beneficio de las poblaciones más pobres.

«Las herramientas que nos ofrece este convenio internacional realmente representan una oportunidad para hacer efectivo el desarrollo rural en las poblaciones más abandonadas del paí­s».

La ambientalista señala que se puede obtener dobles beneficios con los incentivos de los CRE y MDL, de tal forma que el dinero que resulte de la venta de bonos, puede aprovecharse para implementar técnicas de productividad «amigables con el medio ambiente».

En coincidencia, Yuri Melini, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, señala que las iniciativas son positivas y «cada vez hay más personas interesadas en beneficiar el medio ambiente a través de las herramientas de Kyoto».

«Tenemos que conocer un poco más la dinámica de los tratados internacionales, pero creo que Guatemala ya posee un alto potencial en el mercado de bonos, (…) los mecanismos de desarrollo limpio deben ser impulsados en la medida de lo posible por el Gobierno», puntualiza.

Compromiso

La viceministra de Ambiente y Recursos Naturales, Alejandra Sobenes, indicó que el Gobierno está realizando importantes esfuerzos para dar cumplimiento a los convenios y tratados internacionales que se han sido suscritos por Guatemala.

Para ello, se han fortalecido la Unidad de Cambio Climático y la Oficina de Cambio Climático. En esta última ya se encuentran registradas seis hidroeléctricas y un ingenio azucarero que podrí­an incluirse como beneficiarios de los convenios.

En total, los proyectos evitan la emisión de 589 mil 500 toneladas de CO2, entre otros contaminantes, por lo que podrí­an ser beneficiarios del mercado de bonos cuando éste empiece a funcionar plenamente en el paí­s.

«Es realmente estimulante saber que en el paí­s se tiene acceso a incentivos económicos pro la responsabilidad ecológica y las organizaciones ambientalistas consideran que pueden ser instrumentos para luchar contra la pobreza», puntualizó Sobenes.

A partir de este año se empezarán a implementar los CRE en la mayorí­a de paí­ses de Europa y Asia, pro lo que próximamente los paí­ses den ví­as de desarrollo podrán optar a la venta de bonos.

EL OBJETIVO


El Protocolo de Kyoto tiene por objetivo reducir en 5,2% las emisiones de gases con efecto invernadero global sobre los totales de emisión del año 1990 para el perí­odo 2008 – 2012.

Es el primer mecanismo internacional que tiene como propósito relacionar a los paí­ses desarrollados y en ví­as de desarrollo para combatir las amenazas del cambio climático que tiene por consecuencia el calentamiento en la temperatura de la Tierra.

Contempla la emisión de Certificados de Reducción de Emisiones (CRE) y la implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) para desarrollar tecnologí­as «limpias» en los paí­ses en ví­as de desarrollo y reducir las emisiones masivas en las naciones industrializadas.