Francia se halló el martes sentada en el banquillo de los acusados en el Parlamento Europeo por su política de expulsión de gitanos, que fue rechazada por todos los grupos políticos, excepto los conservadores, mientras la Comisión Europea insinuaba su beneplácito.
Durante un encendido debate en la sede del hemiciclo en Estrasburgo (Francia), liberales, socialistas, ecologistas y comunistas tildaron de «inaceptable» la repatriación de gitanos residentes en Francia a Rumania y Bulgaria y presentaron resoluciones de condena que serán votadas el jueves.
El jefe de los liberales, Guy Verhofstadt, advirtió contra la «tentación populista, a veces racista» que, opinó, emerge en Francia y en otros países de la Unión Europea (UE), mientras el líder socialista, Martin Schulz, denunciaba una «caza de brujas» contra los gitanos.
Desde fines de julio, unos 1.000 gitanos fueron expulsados y un centenar de campamentos ilegales fueron desmantelados, como consecuencia del endurecimiento de la política de seguridad defendida por el presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy.
La medida provocó la indignación de la oposición política y de las asociaciones de inmigrantes, y la preocupación de la ONU y del Vaticano.
Convocado para responder a la «preocupación» de los legisladores europeos, el debate se convirtió además en escenario de críticas a la Comisión Europea por una posición que consideran de complacencia hacia la política francesa.
El socialista austríaco Hannes Swoboda y la liberal rumana Renate Weber se mostraron «consternados» por la actitud «inaceptable» de la Comisión. Swoboda expresó su temor de que otros países como Italia o Hungría acaben expulsando a los gitanos residentes en su territorio si Bruselas no censura a Francia.
Presente en el debate, la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, subrayó que los gitanos no pueden convertirse en «chivos expiatorios» de los problemas de seguridad, pero también se mostró satisfecha de las «garantías» que le ha ofrecido el gobierno francés para justificar su política de repatriación.
Tras un diálogo «muy intenso» entre la Comisión Europea y las autoridades francesas en el transcurso de las últimas semanas, París «ha explicado muy bien que no se trata de una acción masiva contra los gitanos», dijo Reding.
El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, que se había reunido el lunes en París con Sarkozy, insistió por su parte en las «obligaciones» que se imponen a todos los ciudadanos europeos, durante un discurso en el hemiciclo celebrado previamente.
«Hay que poner siempre el acento entre la libertad de circulación (aplicable a todos los ciudadanos de la UE) y la seguridad. De lo contrario, habrá un peligro de que estas cuestiones sean explotadas por fuerzas extremistas, que insistirán de forma populista en el sentimiento de inseguridad», declaró Barroso.
El gobierno francés denunció por su parte las declaraciones «totalmente excesivas» de algunos diputados europeos en el debate, según dijo a la AFP el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche.