El proyecto constitucional que irá a referendo en Ecuador enfrentó como nunca antes al gobierno de izquierda con la jerarquía católica, que desafió las advertencias oficiales, para alentar su cruzada contra un texto que considera favorable al aborto y al matrimonio entre homosexuales.
Antes de que despegue oficialmente la campaña para el plebiscito constitucional del 28 de septiembre, el presidente Rafael Correa y los prelados se enfrascaron en una dura controversia en torno a la propuesta que elaboró y aprobó una asamblea dominada por el oficialismo.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) consideró que el proyecto de Carta Magna es favorable al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la intervención del Estado en la educación religiosa en las escuelas.
Correa -quien se define como un cristiano de izquierda- trató de atajar la avalancha de reparos, advirtiendo a los sacerdotes sobre cualquier intromisión en política desde los púlpitos en un país con Estado laico y mayoría católica.
Al mismo tiempo, el mandatario se empeñó en desvirtuar las objeciones, recalcando la lectura de los artículos relacionados, en los cuales se garantiza absolutamente la vida desde la concepción, así como el reconocimiento de la familia como la unión de una mujer y un hombre, según afirmó.
No obstante los jerarcas eclesiásticos -a quienes el presidente socialista llamó aliados de la derecha- lejos de amilanarse, anunciaron «una batalla de paz» para promover sus críticas a través de un «trabajo de catequesis».
Monseñor Antonio Arregui, presidente de la CEE, insistió hoy en que se trata de una lucha pacífica y negó que esté orientada a alentar el rechazo de la Constitución en el referendo.
«No me siento dueño de las conciencias para decirles cuál tiene que ser su voto, sino me siento en la obligación de servir a la verdad», sostuvo.
Pero el ministro de gobierno (Interior), Fernando Bustamante, volvió a prevenir a los obispos sobre «convertir esa catequesis en una forma solapada de acción política».
«En lo que el gobierno insiste es en que la Iglesia se abstenga de entrar en la política electoral, cosa que es absolutamente consistente con lo que debe ser una sana relación entre las organizaciones religiosas y el Estado», declaró a radio Sonorama.
Correa promueve la aprobación del proyecto constitucional que reemplazaría a la Constitución vigente de 1998. La propuesta incluye varias reformas que dotan al Estado de herramientas para regular la economía y le permiten al presidente buscar la reelección y permanecer en el poder hasta 2013.