Las palabras debidamente seleccionadas por el comisionado Francisco Dall´Anese para explicar lo ocurrido con el caso Vielmann constituyen una seria crítica al sistema guatemalteco. Hay que recordar que desde que vino a Guatemala, el nuevo comisionado de la CICIG ha sido terminante al decir que no litigará por los medios, pero las circunstancias lo han llevado a la expresión pública de lo que piensan en la Comisión respecto a lo ocurrido con el caso Pavón.
Además de cuestionar el fallo de la Corte de Constitucionalidad por otorgar un amparo sin expresión concreta de motivo, lanza una crítica directa contra la Cancillería que retuvo sin justificación por catorce días el expediente sin enviarlo a Madrid, hasta que se produjo el fallo de la CC que hacía ya inútil el trámite. El párrafo más contundente dice literalmente que: «Nuestro trabajo siempre está sujeto a variables externas, y éstas responden a la voluntad política de las instituciones guatemaltecas, que se mueven para que la justicia sea imposible y la impunidad siga reinante. La credibilidad de la CICIG no está en juego, lo que cae estrepitosamente es el crédito de las instituciones de Guatemala.»
Las instituciones guatemaltecas se mueven para que la justicia sea imposible y la impunidad siga reinante. Más claro no canta un gallo y todos sabemos que eso es así; ayer mismo decíamos que la acción de la CICIG había unido a todas las fuerzas oscuras para enfrentarla de manera decidida y contundente y ahora el Comisionado nos dice que en ese empeño están actuando con toda su voluntad política las instituciones guatemaltecas.
El ataque a la credibilidad de la CICIG, en notorio incremento a partir del caso Pavón cuando los medios de comunicación se voltearon en contra de la Comisión, puede no estar en juego de manera formal, pero en la práctica ha sido minada por resoluciones como las más recientes en cada uno de los casos que han sido promovidos por la entidad. Ciertamente coincidimos con Dall´Anese en el sentido de que cae estrepitosamente el crédito de las instituciones de Guatemala, que ya andaban de capa caída y estaban en entredicho desde hace mucho tiempo.
Del diente al labio el gobierno insiste en que pedirá la prórroga de la CICIG en Naciones Unidas, pero la Cancillería que es la encargada del trámite, no hará mucho por lograrlo a sabiendas de que ello afecta poderosos intereses de mucha gente, incluyendo a quienes están hoy en el gobierno y que temen que en el futuro puedan ser objeto de algún tipo de encausamiento por sus relaciones con los grupos clandestinos. La verdad verdadera es que en Guatemala, son abrumadora mayoría los que quieren que se mantenga la impunidad.