Las dudas sobre la parcialidad en la investigación de la Fiscalía de Delitos Administrativos dentro del caso de Banco de Comercio crecieron aún más entre afectados y querellantes luego que fueran notificados de la solicitud que el MP pidiera el retiro del arraigo contra Willy Zapata.
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Las acciones interpuestas por el ex superintendente de bancos en ese caso, hicieron especular que el proceso se retrasaría por más de dos meses. Zapata planteó un recurso de reposición (para levantar el arraigo), una prejudicialidad y una falta de acción civil y penal.
Según Jorge Mario Valenzuela, juez segundo de Primera Instancia Penal, la ley establece que quien dictó el arraigo (MP) tiene que conocer la reposición, por lo que corrió audiencia al ente acusador para que planteara su pronunciamiento.
Representantes legales de los afectados con la estafa del BC afirman que el MP no cumplió con evacuar la audiencia; porque pidió que se abrieran a prueba los incidentes «sin alegar nada sobre ellos».
Solicitud del MP
En el punto tercero del memorial remitido al juzgado contralor se lee: «en los términos relacionados, se tenga por efectuado el pronunciamiento del MP en el sentido que del análisis jurídico realizado se torna inviable el mantenimiento de la medida solicitada».
Walter Aroldo Del Cid Chajón, agente fiscal de delitos administrativos del MP, es quien firma dicho documento.
Se intentó obtener la versión sobre la anterior solicitud de Patricia Lainfiesta, titular de la fiscalía a cargo del caso, pero no respondió las llamadas telefónicas efectuadas a su celular y a su oficina.
El juez segundo de primera instancia dio por recibido el memorial emitido por el MP y ordenó a la fiscalía solicitante que «formule su pronunciamiento en forma clara y precisa, por ser éste contradictorio en su parte expositiva y petitoria (…) para lo cual se fija un plazo de cinco días».
Roberto Vallecillos, representante legal de los afectados por dicha estafa, expresó que «fue una fortuna para los miles de cuentahabientes afectados que el juez rechazara esa solicitud y que pidiera al MP que reformulara su memorial».
Francisco Maldonado, también querellante en ese caso, manifestó: «el MP dice ahora que Zapata no es culpable porque cuando se suspendió el banco él no tenía nada que ver con esa entidad. Esto puede ser una maniobra política; desde el hecho de quitar a Zapata de la SIB porque ya no responde a los intereses de los banqueros y luego que él está desestimando las acciones»
Un grupo de juristas presentó una queja en el MP, instancia en contra de Lainfiesta y Del Cid Chajón y también interpusieron una denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos en la que explican el «mal proceder legal» del MP.