Aunque el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia fue suscrito entre los tres Organismos del Estado y el Ministerio Público, con el acompañamiento de organizaciones sociales, éstas dejaron ver sus inconformidades en puntos especí­ficos de las acciones que fueron presentadas ayer.

Frente a la audiencia heterogénea que acudió al Teatro Nacional para conocer el Acuerdo, el Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, apartó su discurso del oficialismo y reparó en inconformidades sobre la administración de justicia en el paí­s.

«La justicia del paí­s seguirá por rumbos equivocados», mientras que no se respete la plena independencia de la labor de jueces y magistrados, advirtió Morales, quien además representó a las iglesias Católica, Evangélica y a la Universidad de San Carlos.

Mientras que el acuerdo de Administración de Justicia propone «formular y aprobar el reglamento que regule el funcionamiento de las comisiones de postulación para la elección de Magistrados de Cortes de Apelación y Corte Suprema de Justicia», el Procurador insistió que el sistema de elección de magistrados requiere de «reformas» profundas.

Las organizaciones sociales que acompañaron el Acuerdo proponí­an que el Congreso fuera el encargado de elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones, entre otras acciones que quedaron fuera de las metas propuestas por los Organismos de Estado.

Morales también se refirió a las funciones administrativas de las jurisdiccionales de la CSJ, que a su criterio deberí­an estar separadas, así­ como la creación de la jurisdicción agraria en la justicia nacional.

AVANCE

El rector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, también indicó que habí­a reparos en otros acuerdos, de los que se dejó fuera propuestas importantes que se habí­an planteado al Ejecutivo con varios meses de anticipación.

Sin embargo, señaló que la coordinación entre los tres Organismos del Estado y el Ministerio Público significa un paso importante para la consolidación de los sistemas de seguridad y justicia, «que actualmente se encuentran profundamente debilitados».

Por su parte, la diputada Roxana Baldetti, de la principal fuerza de oposición en el Congreso, señaló que no existe claridad en las propuestas de seguridad que se contemplan en los Acuerdos.

De esa cuenta, la legisladora manifestó que el Partido Patriota realizará una fiscalización periódica de los alcances obtenidos en materia de seguridad, especí­ficamente sobre los compromisos adquiridos por el Ministerio de Gobernación.

La falta de consensos con operadores polí­ticos, diputados y organizaciones sociales será una de las dificultades para echar a andar los acuerdos y concretarlos en acciones especí­ficas, anticipó el analista polí­tico Marco Antonio Barahona.