í“scar Dubón Palma, ex Contralor General de Cuentas, presentó un recurso de apelación en contra de la sentencia que el Tribunal Tercero le impuso el 3 de octubre de 2005.
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El ex funcionario llegó a las diez de la mañana al edificio de la Torre de Tribunales, donde la Sala Primera de Apelaciones escucharía los argumentos vertidos en la acción de apelación en contra de la condena de 17 años que un tribunal de sentencia le impuso.
Dubón Palma fue sentenciado por los delitos de lavado de dinero y peculado y también le fue impuesta la multa de Q2 millones.
Argumentos
Francisco Flores, abogado defensor del ex Contralor General de Cuentas manifestó que los argumentos vertidos en la citada acción tocan el fondo y la forma de la sentencia que el Tribunal Tercero resolvió en el juicio contra su patrocinado.
En los motivos de fondo, la defensa de Dubón Palma solicitó su «libertad inmediata», y en la forma argumentaron que existieron vicios en la sentencia resuelta por los jueces, según lo manifestado por el abogado Flores.
Dubón declaró: «La sentencia está basada en delitos en los que no intervine», y agregó que la reestructuración de la Contraloría General de Cuentas (CGC) «aún se encuentra vigente; como Contralor lo único que hice fue pagarle a la empresa que lo ejecutó», declaró el sindicado a los medios de comunicación.
El ex Contralor, quien lleva 53 meses en prisión después de la sentencia insistió en que «no hubo delito» en la reestructuración de la entidad que presidió.
Acusación
El MP sostiene que entre octubre y diciembre de 2003, mientras Dubón fungía como jefe de la Contraloría, esta emitió un contrato con la empresa Amigos en Acción por la suma de Q3.6 millones, como pago para la elaboración de un estudio de reestructuración de puestos y salarios.
En octubre de 2003 la CGC trasladó Q1.8 millones a la cuenta de Amigos en Acción, y en diciembre de 2003 emitió tres cheques por más de Q1.8 millones a favor de la misma empresa.
A lo anterior, Dubón Palma argumentó que el segundo pago fue efectuado por medio de una «contribución de los empleados de la CGC», quienes «donaron el primer incremento salarial», producto de la reestructuración, manifestó.
El ex funcionario fue condenado a siete años de prisión y una multa de Q2 mil 500 por el delito de peculado, y a 10 años y una multa de Q1 millón 893 mil, por lavado de dinero.
El proceso se mantuvo varado por más de dos años debido a un recurso de amparo que el MP interpuso, el cual fue declarado sin lugar.